En la parrilla de salida. Así es como están en este momento la reforma del sector financiero, la laboral y la nueva ley de estabilidad presupuestaria. Los ministros responsables de cada una de las áreas —Luis de Guindos (Economía), Cristóbal Montoro (Hacienda) yFátima Báñez (Empleo)— ya tienen los proyectos de las nuevas normas preparadas y solo esperan a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dé el pistoletazo para llevarlas al Consejo de Ministros o, al menos, presentar ante la opinión pública sus líneas claves.
El jefe del Ejecutivo ya ha adelantado que en tres o cuatro semanas estarían aprobadas las tres reformas, pero fuentes cercanas al mismo apuntan que lo más probable es que Mariano Rajoy vaya a su primera cumbre europea como presidente del Gobierno español, el próximo 30 de enero, con los deberes hechos. Si no con los proyectos ya aprobados, sí al menos presentados.
No hay duda de que la nueva ley de estabilidad presupuestaria irá a Consejo de Ministros el próximo viernes, día 27, tras ser consultada con los municipios. El miércoles 25 el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, buscará el compromiso de los ayuntamientos con la reducción del déficit, a cambio de dotar de mayor liquidez a los municipios que se encuentren en apuros.
Montoro ofrecerá a los ayuntamientos lo mismo que a las autonomías: facilitar liquidez a aquellos municipios que cumplan los objetivos de déficit o presenten planes serios y creíbles para reconducir sus números rojos.
En este sentido, los ayuntamientos también tendrán diez años, en lugar de cinco, para devolver al Estado los casi 6.000 millones de euros que recibieron de más en concepto de anticipos a cuenta de los años 2008 y 2009. Y además, el Gobierno les adelantará la liquidación de 2010, en este caso a favor de los ayuntamientos en 2.300 millones de euros.
Al igual que las comunidades, los municipios también recibirán créditos del ICO para pagar a los proveedores si lo solicitan y siempre y cuando las peticiones vaya acompañadas del compromiso de estabilidad.
Fijar techos de gasto
Para garantizar que tanto entidades locales como autonómicas y el propio Gobierno central cumplen con los objetivos de déficit, la nueva ley de estabilidad obligará a todas las administraciones a fijar techos de gasto antes de elaborar los presupuestos. Estos techos deben ser aprobados por los parlamentos —estatales o autonómicos—, y en el caso de comunidades con planes de saneamiento en marcha, serán controlados por el Gobierno de España. O lo que es lo mismo, estas comunidades serán tuteladas por el Ejecutivo en el cumplimiento de los objetivos de déficit.
También habrá sanciones, del estilo de las europeas, para los incumplidores. En el caso de la Comisión Europea se prevén multas de hasta el 0,25% del PIB para quienes superen los límites fijados.
Asimismo está preparada la reforma financiera. El ministro de Economía, Luis de Guindos, apuntó ayer en un artículo publicado en «The Wall Street Journal» que «se obligará a los bancos a incrementar sus provisiones de manera suficiente para cubrir la depreciación de sus activos inmobiliarios». En línea con lo avanzado ayer por ABC, el ministro explicó que «no se usará dinero de los contribuyentes» para esta operación y que las entidades que no sean capaces de cumplir los nuevos requisitos «serán invitadas con incentivos» a fusionarse con otros agentes del mercado. Los incentivos consistirán en dar más plazo para hacer las provisiones a quienes se fusionen.
Y en el ámbito laboral, la simplificación de los contratos será una de las claves de la reforma. De Guindos se mostró ayer partidario de un único contrato a tiempo completo y de otro a tiempo parcial.
Fuente: Diario ABC
Fuente: Diario ABC
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