El Gobierno de Mariano Rajoy dará hoy un paso más en su objetivo de luchar contra la crisis económica, a través de la aplicación de duras medidas que vayan encaminadas a la reducción del déficit público y del gasto en las Administraciones central, autonómica y local. Una semana después de anunciar una subida de impuestos, al detectar que el déficit público se puede disparar por encima del 8%, el Ejecutivo presentará hoy tres informes sobre las iniciativas que cree que se deben adoptar en otros tantos sectores y que serán la antesala de la acción de Gobierno a corto y medio plazo.
Sobre la mesa del Consejo de Ministros se analizará un plan de lucha contra el fraude fiscal, que recoge las medidas que el Gobierno considera necesario aplicar para atajarlo. El segundo informe se refiere a la situación del sector público y las propuestas para su racionalización. Finalmente, el Ejecutivo abordará el estado de situación del mercado crediticio y la reestructuración del sistema financiero, teniendo en cuenta los riesgos del sector inmobiliario, según han confirmado a ABC fuentes gubernamentales.
Plantilla de inspectores
Las propuestas para atajar el fraude fiscal se pueden concretar en un mantenimiento de la plantilla de inspectores, facilitando que las plazas que quedan vacantes sean cubiertas, entre otras que se conocerán hoy. Ya advirtió la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 30 de diciembre, que la tasa de reposición cero que se aplicará al conjunto de los trabajadores de la Administración Pública no afectará a este colectivo, que será del 10%. Con ello, dejaba abierta la puerta a que el cuerpo de inspectores no vea disminuida su estructura actual.
Esta propuesta está recogida en el Real Decreto de medidas urgentes para luchar contra el déficit, al señalar que la limitación en la cobertura de plazas no afectará «en las Administraciones Públicas a los Cuerpos responsables del control y lucha contra el fraude fiscal y laboral». El segundo plan se refiere a la reducción del sector público y forma parte de la tercera fase de la política de austeridad que quiere imponer el PP como adelantó ABC en el pasado día 2.
El sector público siempre ha estado en el punto del mira del presidente del Gobierno, que en varias ocasiones ha reiterado su intención de reducirlo a la mitad. De los datos que ha recibido del Gobierno socialista en el proceso de traspaso de poderes, los populares han conocido el número exacto de entes públicos de las tres Administraciones, y que se cifra en 4.213, de los que 507 son estatales. La mayoría de estas empresas se encuendran en las áreas de Fomento, Vivienda e Infraestructuras. Uno de los objetivos del Gobierno es poder conocer toda la información sobre los blindajes millonarios que podrían tener los responsables de estas empresas, en la que trabajan 175.000 empleados. Un colectivo que escapa del control del Parlamento y que ha conseguido su puesto de trabajo sin pasar por un concurso público de méritos.
Sector financiero
Y, por último, aunque no en orden de importancia, el consejo de ministros empezará a analizar la situación del sector financiero. La cuestión es que los bancos y cajas de nuestro país necesitan hacer una reestructuración en un plazo máximo de seis meses que pase necesariamente por la provisión de capital extra equivalente a parte de la valoración de sus activos en el «ladrillo» que tienen en sus balances. El Gobierno confirmó ayer una información adelantada por ABC en diciembre que señalaba que la banca española podría necesitar hasta 50.000 millones de euros extra para sanear sus balances.
Todo apunta además que la reforma de este sector pasa por sanear parte de los 176.000 millones de euros de activos «tóxicos» que tienen las entidades en el sector inmobiliario, tanto en créditos a la promoción, hipotecas como activos adjudicados o fallidos.
Una de las opciones por las que han optado otros países también afectados por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en Europa, un «banco malo», ha sido rechazado ya por Mariano Rajoy con el argumento de que hay otras opciones que, en cualquier caso, pasarán por la búsqueda de más capital, ya sea privado o público.
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