Se había convertido en un pozo sin fondo, una aventura ruinosa. El anhelo de la Generalitat de Cataluña de convertir Spanair en la compañía que transformase el Aeropuerto de El Prat en base de vuelos intercontinentales ha acabado por estrellarse de manera estrepitosa. La compañía, tras constatar que la administración catalana, en una situación financiera crítica, no iba a aportar más fondos, anunció ayer a Aviación Civil el «cese de operaciones». La semana que viene presentará concurso de acreedores. Se pone así fin a la aventura aeronáutica catalana, también un accidente empresarial que, por lo pronto, deja en tierra a 2.000 trabajadores directos —1.200 que integran la tripulación y unos 800 en logística—. Es el tercer cierre precipitado de una compañía aérea en España tras los de Air Madrid y Air Comet.
A primera hora de la noche de ayer, tras cinco horas de reunión, el consejo de Spanair emitía una nota en la que explicaba que dada «la falta de visibilidad financiera para los próximos meses, la compañía ha optado por cesar la operación de sus vuelos como medida de prudencia y seguridad», términos que después repitió el presidente de la compañía, Ferran Soriano (ex vicepresidente del Barça en la primera época de Laporta), ante los periodistas que se agolpaban en la puerta del hotel donde se celebró el consejo.
Desde las diez de la noche ya no despegó ningún avión. Se iniciaba un plan del Ministerio de Fomento y de AENA para recolocar a lospasajeros afectados: 300 anoche, 8.695 hoy y unos 14.000 mañana. El cese de las operaciones afectará a 380 vuelos que estaban programados para hoy (158) y mañana (222), según concretó el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Rafael Catalá, que anunció que Fomento va a iniciar iniciar «inmediatamente» un expediente sancionador a Spanair, para exigir responsabilidades a la compañía.
Si esas eran ayer las consecuencias inmediatas de la suspensión, el origen de la misma viene gestándose desde hace años, desde 2009 en concreto, cuando la Generalitat se queda la compañía. Dos factores han precipitado su fin: la no consecución de un acuerdo estratégico con Qatar Airways y el anuncio posterior de la Generalitat de que, después de invertir unos 150 millones desde 2009, se seca la fuente del dinero público. En una nota, el Gobierno catalán reconocía que «dada la situación económica actual, la administración debe ser extremadamente cuidadosa en sus inversiones».
En situación agónica, Spanair se había metido en un callejón financiero sin salida. La compañía cerró 2010 facturando 607 millones, con unas pérdidas de 115. El año anterior se habían volatilizado 186. La deuda acumulada superaba los 200 millones, de los cuales 140 se adeudaban a la escandinava SAS, que retenía el 10,92% de la compañía. La pública Iniciativas Empresariales Aeronáuticas poseía el 85,62%, y el restante 3,46% era de los trabajadores. Spanair operaba unos 200 vuelos diarios y movió en 2011 a 11,6 millones de pasajeros (12% menos).
La búsqueda de un socio industrial se había convertido en necesidad perentoria. Aunque se había hablado con otros socios de Star Alliance —paraguas bajo el que operaba hasta ayer Spanair— como Turkish Airlines, Singapore o Lufthansa, las negociaciones más avanzadas conducían a una alianza con Qatar Airways. El consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, había incluso viajado al emirato para cerrar la operación.
Según ha trascendido, la espantada de la aerolínea llegó por sus dudas acerca de la legalidad de las ayudas públicas recibidas, en abierta contradicción con la legislación europea sobre libre competencia. A los mismos condicionantes apeló ayer la Generalitat. La petición de garantías por parte de Qatar Airways de que no sería necesario devolver esas subvenciones, algo que evidentemente no se ha podido satisfacer, le forzaron a dar un paso atrás.
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