El ministro de Economía, Luis De Guindos, solicitará al Banco de España información sobre la retribución de los altos cargos de las entidades financieras en general y en particula, de aquellas que han sido intervenidas y han recibido algún tipo de ayuda pública. Una vez finalizada la investigación, las medidas del Gobierno, que se incluirán dentro de la reforma financiera, irán encaminadas a que no se premie a los gestores de entidades mal llevadas, según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda posterior al Consejo de Ministros,
Esta medida se incluirá dentro de los planes del Ejecutivo de que lareforma del sistema financiero esté concluida en los primeros seis meses del año y en la que se incluirá el refuerzo de las provisiones de la banca de sus activos tóxicos.
El Gobierno también ha indicado que prevé recaudar un total de 8.171 millones de euros a través de la lucha contra el fraude. La vicepresidenta del Gobierno ha explicado que para ello tratará de eliminar paraísos fiscales, realizará pruebas en actividades económicas en sectores muy ligados a esta economía sumergida y utilizará otros mecanismos que pueden poner en evidencia una acción fraudelenta como el consumo de energía eléctrica y el uso de tarjetas créditos. Asimismo, se prohibirán la realización de determinadas transacciones en efectivo.
Otra de las medidas presentadas en el paquete de ajuste presentadas este jueves tiene que ver con la ya anunciada reducción del sector público. El Ejecutivo se ha fijado el objetivo de suprimir 448 empresas públicas. El informe presentado por el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, y que se llevará al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera en enero es el objetivo que ya se planteó en el mismo escenario en una reunión en 2010: de los más de 4.000 organismos y entes que se encuadran en el entramado público, se propuso reducirlas en 515. «Sólo se han suprimido el 13%», ha dicho Sáenz de Santamaría, por lo que el Ejecutivo se fija el objetivo de reducir las 448 empresas restantes.
La vicepresidenta ha vuelto a presentar en esta ocasión datos negativos de la situación económica del país. En este sentido, ha anunciado que la Seguridad Social cerró el año 2011 con un déficit de 668 millones de euros, lo que supone el 0,06 % del PIB, frente a la previsión de un superávit del 0,4% del Ejecutivo de Zapatero, ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
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