Unos 30.000 trabajadores de la enseñanza pública en Andalucía podrían perder su empleo como consecuencia de la aplicación de la reforma laboral en la comunidad, según las estimaciones de CC.OO. y UGT.
casi 30.000 personas sólo en el ámbito de las enseñanzas públicas universitarias y no universitarias se pueden ver afectadas en los próximos meses por el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, según los cálculos hechos públicos este jueves por los responsables regionales de Enseñanza de ambas federaciones, José Blanco y Juan Carlos Hidalgo, respectivamente.
Podrían ser despedidos "de forma casi inmediata" en torno a 13.000 empleados laborales de las etapas de 0 a 3 años, así como de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato (monitores, profesores de apoyo, personal para niños con discapacidades, etcétera), "si se apuesta por privatizar estos servicios".
Igualmente, hay en torno a 8.000 profesores universitarios con contratos laborales PDI (Personal Docente e Investigador) que también "pueden ir a la calle" y unos 4.500 trabajadores de Administración y Servicios en la misma situación.
A esto habría que sumar los "recortes" que se pueden ir aplicando en el sistema educativo público andaluz como consecuencia "de las medidas que está anunciando el Ministerio de Educación en estos dos primeros meses de Gobierno del PP", advierten Blanco e Hidalgo. Se refieren al posible aumento en dos horas de la jornada lectiva de los profesores de Educación Secundaria o a la suspensión de los desdobles educativos o de los profesores de apoyo, lo que supondría una reducción de "unos 10.000 profesores, sobre todo, interinos".
En esta línea, Blanco e Hidalgo resaltan que los "más perjudicados de todas estas medidas son, en su mayoría, todos los que tienen contratos laborales y tienen incluso peores condiciones que los trabajadores de una empresa privada", asegura Hidalgo.
CC.OO. y FETE-UGT consideran, por tanto, que la reforma laboral, "acompañada de todos los recortes que está habiendo en el sistema educativo público español", va encaminada a "fomentar un modelo de enseñanza privada, que no concertada, que hará que la enseñanza pública se resienta de forma desmesurada".
"Las medidas que está anunciado el ministro de Educación José Ignacio Wert esconden un cambio sustancial de modelo educativo que generará una mayor desigualdad entre las clases y no garantizará la igualdad ni la equidad, ya que se prima al sector privado", argumenta Blanco.
Los sindicatos creen que esto tendrá sus mayores consecuencias en el ámbito universitario, donde, "con la excusa de buscar la excelencia y entrar en los rankings internacionales, se permitirá que sea el capital privado el que decida en las titulaciones a ofertar y en las investigaciones".
No en vano, el Gobierno "ya ha anunciado que va a haber una nueva Ley de Ordenanza universitaria para una gestión más empresarial de las universidades y que puede afectar mucho al mapa universitario andaluz", ya que podría suponer la eliminación de titulaciones o facultades que no sean rentables económicamente.
Fuente: Diario Expansión
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