El objetivo es que el déficit público a cierre del presente ejercicio quede reducido para el conjunto de las administraciones hasta el 5,3%, frente al 8,5% correspondiente al cierre de 2011. El Estado -excluyendo autonomías, ayuntamientos y Seguridad Social- tendrá que hacer un ajuste presupuestario del 2,5%. De este porcentaje, 0,8 puntos corresponden a incrementos de ingresos y 1,7 puntos, a ajustes de gastos.
Sin tener el cuenta las partidas comprometidas, la Administración central se ve obligada a afrontar una corrección del 1,6% del déficit (del 5,1% al 3,5%) que implicaría un ajuste de unos 17.800 millones de euros. Pero en términos presupuestarios el esfuerzo será de 27.300 millones, debido al aumento de gastos "ineludibles" (como los correspondientes al pago de la deuda).
"Estamos ante un ajuste duro, supone renunciar a muchos programas de gasto", ha señaladoCristobal Montoro. El ministro ha adelantado que tomará medidas contra el fraude, que incluirán la limitación de la utilización de dinero en efectivo en los pagos.
Reducción de gastos
Los ministerios reducirán sus presupuestos una media del 16,9%, hasta los 65.803 millones de euros. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación reducirá su gasto el 54,4%; el de Industria, Energía y Turismo baja su gasto el 31,9%, mientras que el de Hacienda y Administraciones Públicas el 22,9%. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte contará con un 21,2% menos de recursos y el Ministerio de Fomento el 34,6%.
Las inversiones reales caerán el 19,6%, hasta un total de 4.679 millones de euros. La ayuda a la cooperación internacional cae en 594 millones; la ayuda al desarrollo se reduce un 47,6%, hasta niveles de 2005; la aportación a la ayuda para el agua cae en 795 millones; se reducen 351 millones de euros a las inversiones en Defensa; otros 322 en ayudas para el acceso a la vivienda. En infraestructuras, se reducirán 360 millones para autopistas de primera generación, al tiempo que caerán en 287 y 427 millones las aportaciones para el Administrador de Infraestructuras Ferroviaria (ADIF) y la empresa pública perteneciente a Fomento SEITTSA.
Otra partida que experimentará un ajuste será el de las transferencias a los sindicatos, que se reducirán en 6,2 millones de euros, al tiempo que se eliminarán 67 millones para la integración de inmigrantes. Las políticas activas de empleo se reducen en 1.557 millones de euros. La reducción de las transferencias de Educación, excluidas las becas, alcanza los 530 millones de euros. Montoro ha señalado que el ajuste que se pretende acometer trata de ser el menos perjudicial posible para poder devolver a España a la senda del crecimiento y la creación de empleo.
Se congelan los aumentos de plantilla y los sueldos de los funcionarios. Los gastos financieros, derivados del servicio de la deuda, son "ineludibles", según ha explicado Montoro. Las aportaciones en forma de capital a los entes públicos también se reduce de manera muy importante.
No a cualquier precio
Estas medidas buscan alcanzar unas cuentas públicas saneadas pero no a cualquier precio, tal y como ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El Ejecutivo busca la protección de los sectores más débiles de la sociedad a la vez que facilita la vuelta al crecimiento tan necesario para la creación de empleo. La vicepresidenta del Gobierno ha calificación la situación que atraviesa España como una situación que requiere de importantes esfuerzos en el ámbito de la consolidación fiscal.
Sáenz de Santamaría ha recalcado que desde que el Gobierno accedió al poder se han adoptado las iniciativas necesarias para invertir la situación. La primera de ellas fue la consolidación fiscal anunciada en el Primer Consejo con el acuerdo de no disponibilidad del gasto. A ello le han seguido una serie de medidas estructurales con las que se busca alcanzar el equilibrio presupuestario. A la reforma del sistema financiero le siguió la laboral y la aprobación de una ley de transparencia para mejorar el funcionamiento de las administraciones en un momento de gran austeridad.
El primer consejo de ministros con contenidos de Mariano Rajoy se saldó con una avalancha de recortes de gasto por 8.900 millones de euros, con subidas de la tarifa del IRPF, de la tributación de las rentas del ahorro y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Desde el pasado mes de marzo, los analistas se han vuelto especialmente escépticos con el devenir de la economía española. El anuncio de Mariano Rajoy a comienzos de mes del nuevo objetivo de déficit no consiguió convencer a los líderes europeos y días después el Ejecutivo acabó cediendo a las presiones de Bruselas al aceptar un déficit del 5,3%. El nuevo techo implicará acometer más reformas, algo que dificultará aún más la salida de la recesión.
Fuente: Diario Cinco Días
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