En Japón, cuando llega la primavera, trabajadores y empresarios negocian sus convenios colectivos. Lo llaman la ofensiva de primavera: miles de mesas de negociación abiertas al mismo tiempo tratando de pactar los convenios. Con tal sincronización se pretende que sindicatos y patronos dialoguen con la mente puesta, sobre todo, en su propia empresa: en el balance, en la cuenta de resultados, en la cartera de pedidos, en la productividad... También que unos no busquen fuera grandes subidas de sueldos para justificar sus demandas; o que otros no tengan un ojo puesto en cuanto suben o no los salarios de la competencia para ganarle terreno.
Los salarios o las jornadas -lo más importante de un convenio colectivo- se negocian así en cada empresa. La ofensiva de primavera busca conjugar dos formas de negociación colectiva: la que prioriza lo pactado en las compañías, y la centralizada en cada sector que logra resultados similares en todas las empresas y tiene la mente puesta en la coyuntura económica del momento. Se trata de coordinar ambas para lograr lo mejor de cada una.
La teoría dice que la mejor negociación colectiva es la que se centraliza por sectores en el ámbito estatal o la que se concentra en cada compañía. "Desde el punto de vista académico, la que da resultados más óptimos es la que se realiza en las empresas y la centralizada", explica Laura Ortiz, profesora de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid.
"Tiene que caber la posibilidad de que en las empresas haya las máximas posibilidades de negociación para que haya más flexibilidad interna. Pero esto es una parte, también tienen que centralizarse más en los sectores a nivel estatal", resume Florentino Felgueroso, profesor de Economía en la Universidad de Oviedo. La primera parte de la tesis de Felgueroso es la que persigue el nuevo Gobierno. El 7 de enero, apenas seis meses después de la última reforma laboral -la de convenios-, Rajoy presentará el borrador de la suya, haya o no consenso con los agentes sociales.
El Ministerio de Empleo, dirigido ahora por Fátima Báñez, buscará invertir la situación actual. Pese a que hay más convenios colectivos de empresa (74,28%) que de cualquier otro ámbito, su cobertura apenas alcanza al 8,2% de los trabajadores. El grueso de la negociación colectiva se acumula en las provincias (57% de empleados con convenio), el ámbito al que los economistas lanzan sus dardos porque producen los resultados más ineficientes, los menos ajustados a las necesidades de las compañías o del país. La primera prueba que esgrimen es la evolución de los salarios, habitualmente mayor que las pactadas en las empresas o en los sectores estatales. Aunque José Ignacio Pérez Infante, economista conocedor de la negociación colectiva española, recuerda que la mayoría de convenios de empresa se pactan en grandes compañías en las que se puede acordar otro tipo de remuneraciones (fondos de pensiones o seguros médicos) y eso libera de presión a los salarios. "El convenio provincial se ha convertido en un convenio colectivo de macroempresas", ataca Salvador del Rey, catedrático de Derecho del Trabajo. El economista Felgueroso, partidario de la descentralización, apuntilla: "Lo que ahora pasa es que hay sectores donde en una provincia pocas empresas pactan unas condiciones laborales inasumibles para las que quieren entrar. Y así eliminan la competencia". En su mente, como en la de Del Rey, está la construcción o la hostelería, sectores que, según los datos del Ministerio de Empleo, concentran en la provincia casi el 100% y poco más del 80% de la negociación colectiva, respectivamente.
La última reforma ya quiso corregir esta realidad. "Salvo que un acuerdo o convenio colectivo de ámbito estatal o de comunidad autónoma estableciera reglas distintas sobre estructura de la negociación colectiva, un convenio de empresa tendrá prioridad aplicativa". Ninguna mención al nivel provincial.
Como ministro de Trabajo entonces, Valeriano Gómez avaló el objetivo de que los convenios se polaricen en los extremos y eliminar las estaciones intermedias. La reforma aprobada cuando él ocupaba la cartera todavía no se ha dejado notar. Apenas lleva medio año en vigor, y la duración mínima de los convenios es de un año. "Es imposible que tenga efectos ya. Además, todo el mundo está esperando el próximo tranvía", explica Tomás Sala-Franco, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia. Cuando habla de "tranvía", Sala-Franco, máximo responsable de la Comisión Nacional de Convenios Colectivos durante la primera legislatura de Zapatero, se refiere a la reforma de la negociación colectiva que el Partido Popular anunció la pasada legislatura.
La mayor crisis de los últimos 80 años y más de cinco millones de parados no dan para tener mucha paciencia. Tampoco esperan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Unión Europea y demás organismos internacionales que, pese a que aplaudieron la reforma de junio, ya demandan otra en la que se apueste por más descentralización. El programa electoral del ahora partido en el Gobierno adelanta sus intenciones en este terreno: "Tendrán prevalencia en cuestiones salariales y condiciones de trabajo los convenios o acuerdos de empresa que pacten los empresarios y los trabajadores". No lo dice ni baja al detalle, pero el objetivo es claro: contención salarial, cuando no bajada de sueldos.
En las empresas se pactan menores aumentos de sueldo que en provincias y sectores. Se pretende poder producir con menos gastos para vender más barato. Es decir, ganar competitividad (y, de paso, empleo) por la vía más tradicional, fácil y rápida, mucho más que la inversión en modernización de equipos y formación.
Sí que baja al detalle Salvador del Rey, también abogado laboralista de Cuatrecasas, bufete que suele asesorar a empresas y que en reformas anteriores ha aconsejado a CiU o CEOE, la última durante las negociaciones fallidas de primavera: "Cuando el PP habla de la estructura, se refiere a potenciar la negociación colectiva en la empresa. No solo que haya convenios de empresa, sino que en estas se potencien los acuerdos y pactos"
[otro tipo de ententes entre trabajadores y empresarios, más sencillos] que ahora parecen clandestinos. Se trata de complementar la negociación colectiva".
Cuando se habla de descentralizar los convenios, pocos defienden abiertamente eliminar los ámbitos sectoriales o territoriales. El avasallador predominio de pequeñas y medianas empresas lo hace imposible. En la negociación colectiva, básicamente, lo que se dilucida es algo tan viejo en las relaciones laborales como el salario o la organización del trabajo. Y eso en muchos casos supone conflicto (huelgas, paros, protestas), algo que muchas pymes ni pueden ni quieren asumir. La negociación se desplaza por ello hacia ámbitos más amplios. Acabar con ellos, sin más, supondría dejar sin cobertura a la mayoría de los empleados (el 75% de trabajadores están en empresas de menos de 250 empleados).
"Soy escéptico sobre las posibilidades de una reforma así en España", expone Miguel Ángel Malo. Además de la posibilidad de dejar sin la protección de los convenios a muchos trabajadores, este profesor de Economía Laboral en la Universidad de Salamanca aduce otra razón: "Si se diera pie a una reforma así, me temo que aparecerían un montón de gestorías y abogados que generarían procedimientos estándar que no tendrían mucho que ver con la realidad".
"Sería difícil que se plantee la desaparición del nivel sectorial. Nadie lo quiere. Hay empresas que nunca podrán negociar convenios", explica Carolina Martínez, presidenta hasta ahora de la Comisión Nacional de Convenios y catedrática de Derecho del Trabajo, "el sistema de representación de los trabajadores está pensado para grandes empresas. Hasta que no hay 50 trabajadores en un centro, no se constituye un comité".
El proceso de centrifugado de la negociación colectiva no es nuevo, ni exclusivo de España. Lleva en marcha décadas, que en buena medida coinciden con los años del "empeoramiento de la redistribución de la renta debido sobre todo a la presión sobre los salarios", como escriben Antón Costas y Xosé Carlos Arias en su libro La torre de la arrogancia. En 1979, Margaret Thatcher llevó a cabo uno de los centrifugados de convenios más radicales del mundo occidental. Pasó de un extremo a otro en apenas un año, según la base de datos del profesor de la Universidad de Ámsterdam, Jelle Visser, experto en negociación colectiva en Europa. Por las mismas fechas, también los países nórdicos, de gran tradición sindical, pusieron en marcha la centrifugadora. Pero su turbina da vueltas más lentamente. El acuerdo único estatal que imponía los salarios para todos los sectores y empresas pasó a mejor vida hace años. Pese a ello, sus niveles de coordinación entre los distintos ámbitos a la hora de negociar los convenios, según Visser, son de los más altos del mundo, junto a Alemania o Austria.
"Hay evidencia empírica de que donde hay más coordinación el resultado es mejor", explica Laura Ortiz. Países donde la crisis está golpeando con menos fuerza al empleo lo muestran (Alemania, Holanda, Austria). "La clave es la coordinación", subraya Felgueroso. Ambos coinciden, a pesar de su distinta visión de la negociación colectiva. También lo hace Del Rey, aunque matiza: "Yo creo en la coordinación, partiendo de que hay descentralización".
En España, siguiendo a Visser, el grado de coordinación es alto. Hay un acuerdo, no vinculante, que recomienda a los negociadores cómo han de evolucionar los salarios. Y ese es uno de los criterios que toma el profesor holandés para determinar un mayor o menor grado de coordinación.
"No veo que el camino sea la descentralización. Donde domina esa estructura, como en Reino Unido, la mayor parte de asalariados está en grandes empresas", explica Ortiz, apoyándose en datos de Eurostat que muestran que en España el 38,4% de empleados trabajan en empresas de más de 250 trabajadores, frente al 64% que lo hacen en Reino Unido.
No es ese pacto el que molesta a quienes demandan más descentralización. Lo que no les gusta es la expresión "salvo pacto en contrario", que introdujo la última reforma. En opinión de Felgueroso, con esas cuatro palabras se permite que perviva una negociación colectiva heredada en muchos sectores de la época franquista. Él defiende una negociación colectiva con dos niveles: uno sectorial estatal que ordene y coordine y otro, voluntario, que se ajuste a las empresas. Para mantener su posición recurre al convenio de la química, ejemplar para todo el mundo (sindicatos, empresarios, economistas, abogados). También el profesor de relaciones laborales del IESE Sandalio Gómez es partidario de esta propuesta: "El nivel provincial es atomizar mucho".
"El propio convenio, que se ha ido renovando desde hace 30 años, ya reconoce que las empresas puedan negociar sus propios acuerdos adaptándolos a sus necesidades", explica José Carlos Ruiz, responsable del sector químico de UGT, "por eso muchas veces me extraño cuando oigo que hay que reformar la negociación colectiva para dar prioridad a las empresas". Según sus cálculos, la mayoría de los 240.000 trabajadores de esta industria están cubiertos por este convenio. Son las grandes empresas, como Solvai o Fertiberia las que han llegado a un acuerdo propio con sus empleados. Pero las pymes, donde trabaja el 86% de trabajadores del ramo, "se adhieren a este convenio". "Se reconocen dos ámbitos de negociación, el sectorial y el de empresa. Esto permite que todos los trabajadores tengan unas condiciones mínimas y que no haya dumping entre las empresas", explica con cierto orgullo, pese a que su organización no ha firmado el último pacto con la patronal.
Este último argumento es el que exponen los constructores para rechazar una negociación colectiva centrifugada en su sector. En este punto, CEOE no tiene una postura única. Los fabricantes de coches defienden convenios en cada empresa mientras que Confemetal, o la CNC, patronal de la construcción, prefieren que las conversaciones se den en los ámbitos territoriales. En estos dos sectores la negociación que prevalece es la provincial. "Me parece arriesgado tocar la estructura de la negociación colectiva", advierte Pedro Fernández Alen, secretario general de la CNC, firme partidario de dejar intacto este punto de la reforma laboral del último Gobierno socialista. "La descentralización es destrozar a las pymes. Eso vende para las empresas que no conviven en un mismo centro de trabajo. Es abrir una guerra de guerrillas y que haya dumping social", señala. La opción que defienden en la CNC, se resume en una frase: "Que cada sector pueda organizarse como quiera".
En esa línea se expresa también Sala-Franco: "No me gusta la intervención estatal. Hay 17 expresiones de la autonomía de la negociación colectiva
[en referencia a los convenios colectivos, pactos de empresa, convenios franja, acuerdos...]. Una cosa es el convenio de la química, donde hay un negociación ingeniosa, y otra el de la construcción. Simplificar es un horror".
Su sucesora en la Comisión Nacional de Convenios, Carolina Martínez, también se muestra escéptica con el resultado de una posible reforma: "Cada sector tiene que ver con cosas que no son la ley. Queda muy poco que se pueda hacer ya. Y más sin acuerdo entre sindicatos y empresarios". Ni dentro del propio bloque empresarial.
Fuente: Diario El País
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