El Ministerio de Hacienda trabaja a contra reloj para cerrar las grandes cifras del presupuesto para 2012. El primer paso lo dará el viernes, cuando el Consejo de Ministros apruebe el techo de gasto para el ejercicio, y los objetivos de déficit para este año y los dos siguientes. Cuatro días después, el martes, se reunirá con las comunidades autónomas, en el seno del Consejo de Política Fiscal, para marcar los límites a todas y cada una de las regiones.
Y una cosa está clara. El Ejecutivo está elaborando los números con una premisa, el déficit del conjunto de administraciones públicas para este año 2012 será superior al 4,4% del PIB que está marcado en el actual programa de estabilidad, que se revisará en Bruselas.
Cumplir ese objetivo comprometido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sería una tarea de titanes, sobre todo si tenemos en cuenta el punto de partida, y el escenario económico en el que nos movemos.
Ese compromiso partía del hecho de que 2011 se cerraba con un déficit del 6% del PIB. Lo ha hecho con el 8,5%. Estas cifras significan que para poder reducir el déficit al 4,4% del PIB, el ajuste necesario que tendrían que aprobar el conjunto de administraciones en este año 2012 sería de unos 45.000 millones de euros.
Si tenemos en cuenta que el pasado mes de diciembre el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó un recorte de gasto de 9.000 millones de euros y una subida de impuestos que aportará ingresos extra por otros 6.000, el ajuste restante sería de casi 30.000 millones una cifra prácticamente inalcanzable en un solo ejercicio. Y con la que el Gobierno de Mariano Rajoy no trabaja en este momento.
Además, el escenario económico no ayuda. El periodo recesivo en el que de nuevo ha entrado España se traducirá, inevitablemente, en una caída de los ingresos públicos por el descenso de la actividad, que se une a un aumento automático de los gastos por desempleo, ya que lo lógico es que el número de parados con derecho a prestación siga creciendo en los próximos meses, hasta que la economía crezca a un ritmo del 1,5% o 2%, lo que probablemente no ocurrirá hasta 2013 o 2014, según las previsiones de la mayoría de los analistas.
Pero incluso en el caso de que no se cumpla el objetivo del 4,4%, y la UE de su visto bueno a unos números rojos más abultados, el ajuste que tendrá que hacer el Gobierno será muy abultado.
Según el escenario actual, antes de los cambios que incluya el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el programa de estabilidad, el mayor ajuste correspondería al Estado central, que tendría que reducir sus números rojos desde el 5,1% del PIB con que cerró 2011, al 3,2% marcado como objetivo, en total unos 20.000 millones de euros. Las autonomías tendrían que recortar los números rojos desde el 2,94% al que cerraron, al 1,3%, unos 15.000 millones, mientras los ayuntamientos prácticamente se mantendrían estables, con un déficit del 0,3%. La Seguridad Social, por su parte, debería lograr un superávit de casi 4.000 millones de euros, que en un momento recesivo como el actual parece una utopía.
En este entorno, la intención del equipo que dirige Cristóbal Montoro es mantener el grueso del ajuste en el Estado central y ayudar a las autonomías con medidas que se tomen a nivel estatal a reducir también sus números rojos. Ya empezó con la subida del IRPF, la mitad de cuya recaudación irá a parar a las comunidades.
En este contexto, las posibilidades de recorte de gasto son limitadas si no se aprueban reformas de calado que permitan reestructurar la administración pública o hacer ahorros en materias como el gasto en desempleo, la sanidad o la educación, según coinciden en señalar los expertos.
Partidas «intocables»
Así, según los presupuestos del 2011, más de un tercio de los gastos consolidados de la administración central, que incluyen la Seguridad Social, se destinaron al pago de pensiones, más de 112.000 millones de euros (ver gráfico). Una cantidad que, al menos hasta que no entre en vigor la reforma del sistema de pensiones, en enero de 2013, no solo no se va a reducir, sino que se incrementará. Además, este año se han subido las pensiones un 1%, con lo que esta cuantía será superior a la de 2011.
Otra partida intocable es la que se refiere a los intereses de la deuda pública. En 2012 se presupuestaron más de 27.000 millones de euros de gastos financieros. Aunque las subastas de deuda están yendo bien este año, la cuantía total de la misma es superior, con lo que habrá que destinar más dinero a deuda. El pago de las prestaciones por paro se lleva más de 30.000 millones, y el Ejecutivo se ha comprometido a no hacer ningún recorte en estos subsidios. Solo con estas tres partidas tenemos casi dos tercios del presupuesto. De modo que el Gobierno tendrá que hacer equilibrios para ahorrar. Y probablemente no tendrá más remedio que subir algún impuesto.
Fuente: Diario ABC
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