Está en el punto de mira de las instituciones europeas y de los mercados, ansiosos de medidas contra el disparatado desempleo español, el más alto de Europa, con más de 5,2 millones de desempleados y una tasa de paro juvenil que camina hacia el 50%. Y será una reforma«extremadamente agresiva», «una reforma completa, que yo creo va a la raíz de los problemas del mercado laboral español», aseguró ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, al vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn, en otro «descuido» que fue cazado por las cámaras. Fuentes de Economía matizaron después que la frase del ministro quería dar a entender que se aplicará una reforma «extremadamente agresiva contra el paro».
De lo que no hay duda es de que la reforma que hoy aprobará el Consejo de Ministros supondrá un vuelco en las relaciones laborales en España. Más facilidades para despedir con 20 días de indemnización, descuelgues en los convenios para paliar situaciones de crisis en una empresa o fin a la prórroga automática de los convenios colectivos son algunas de las medidas con las que el Gobierno de Mariano Rajoy quiere animar un mercado laboral que destruye puestos de trabajo sin freno y que expulsa del mercado a los más jóvenes.
En ellos se volcará la reforma que hoy verá la luz. Para animar su contratación, el Gobierno reordenará las bonificaciones al empleoy diseñará un contrato a tiempo parcial que será más flexible a los cambios de jornada. A estos jóvenes se les permitirá cobrar el cien por cien de la prestación por paro para poner en marcha un negocio.
El texto del Ejecutivo también modifica la contratación y el despido. Reducirá el número de contratos y generalizará el de fomento del empleo con 33 días de indemnización y 42 mensualidades de tope. El despido ordinario improcedente de 45 días desaparecerá una vez que entre en vigor la nueva norma laboral.
Pero no será el despido improcedente el único que sufrirá cambios, también el objetivo (20 días por año y un tope de un año). Sus causas serán mucho más claras que ahora para la interpretación por el juez, para que no tenga dudas en su resolución. Ello permitirá que esta fórmula, que apenas supone el 7% de las extinciones actuales, cobre fuerza en nuestro mercado laboral. Y para facilitar los despidos, también se eliminará la autorización administrativa previa para los ERE, requisito que no existe en ningún país de la OCDE.
Los servicios públicos de empleo no estarán exentos de cambios. Las agencias privadas entrarán de lleno en la gestión de colocaciones y se pondrá en marcha un potente plan de lucha contra el fraude en el cobro del paro.
Fuente: Diario ABC
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