«La duración y la cuantía de las prestaciones por desempleo no parece excesiva, pero existe un elevado fraude y un mal funcionamiento de la intermediación pública». De esta forma justifica el Ejecutivo la reestructuración de los servicios públicos de empleo en la memoria económica de la reforma laboral, a la que ha tenido acceso ABC.
En el texto se explica que la colaboración público-privada con empresas especializadas constituye una vía eficaz para suministrar información a los servicios de empleo sobre el grado de compromiso de la actividad del perceptor de la prestación, y para ofrecer un mayor número de candidatos a empresas demandantes de empleo. Un efecto de esta medida, apunta la memoria, será «acortar la duración del desempleo y ayudar en la lucha contra el fraude en la percepción de prestaciones».
El argumento esgrimido por el Ministerio de Empleo es que gracias a la participación de las ETT (empresas de trabajo temporal), los desempleados serán contactados más frecuentemente para acudir a entrevistas de trabajo o ser contratados. «De esta manera, si están trabajando de manera fraudulenta mientras perciben la prestación o no están verdaderamente interesados en trabajar, serán expuestos y perderán, en su caso, la prestación», precisa el texto.
Las prestaciones no se tocan
También ayudará a reducir el cobro fraudulento de prestaciones y a «liberar» recursos públicos la eliminación de la restricción que impedía a las empresas de más de 100 trabajadores acogerse a los programas de sustitución de trabajadores en formación por trabajadores beneficiarios de prestaciones por desempleo. No obstante, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha insistido en que «el Gobierno no va a tocar las prestaciones por desempleo».
Otro asunto importante de la memoria que acompaña a la reforma laboral es el del impacto presupuestario que tendrán algunas de sus medidas. Así, las bonificaciones a los contratos de fomento de la contratación indefinida suman, en el caso de los jóvenes menores de 30 años, más de 125 millones en sus tres años de vigencia. Empleo calcula que 55.700 jóvenes se verían beneficiados por esta medida. Esa cifra se reduce a 13.250 en el caso de los mayores de 45 años, cuyo coste sería de 6,20 millones al año.
La reducción de cuotas por los contratos de formación y aprendizaje tendría un impacto de 32,5 millones al año y las reposiciones de las prestaciones por desempleo suponen 122 millones. Por el contrario, la recaudación anual por la cotización de horas extraordinarias alcanzaría los 330 millones, por lo que el impacto global en las cuentas públicas sería prácticamente nulo.
Trabajo justifica la reforma en la necesidad de acabar con las rigideces actuales del mercado laboral, que han provocado que en España la destrucción de empleo haya sido el mecanismo más utilizado por las empresas para ajustarse a las condiciones de la demanda (ver gráfico adjunto).
Mientras, ayer se confirmó que los varios sindicatos nacionalistas vascos presentarán hoy ante el registro una convocatoria de huelga general para el 29 de febrero.
Fuente: Diario ABC
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