Encontrar empleo a los parados se ha convertido en el objetivo número uno de la reforma laboral del Gobierno. Y las agencias privadas están llamadas a tener un papel mucho más activo en la gestión de las colocaciones, una tarea en la que los servicios públicos del empleo han fracasado de forma rotunda dado que apenas encuentran un puesto de trabajo al 3% de los parados.
La colaboración público-privada será un hecho tras los cambios que ya tiene sobre la mesa la ministra de Empleo, Fátima Báñez, como también lo será un refuerzo de la Inspección de Trabajo para luchar contra el fraude en el cobro de las prestaciones por desempleo y una mayor vigilancia sobre el rechazo de los parados a ofertas de empleo ofrecidas por el antiguo INEM.
En teoría un parado no puede rechazar una oferta de empleo, una situación que está castigada con sanciones, incluso con el retiro de la prestación. Pero en la práctica esta situación no se produce. Según el decreto de 2000 de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, tendrá una sanción grave rechazar una oferta de «empleo adecuada» ofrecida por los servicios públicos de empleo. La legislación obliga a acudir a la entrevista de trabajo y si el parado es aceptado para el puesto y el servicio público de empleo cree que se adapta a su perfil laboral, deberá aceptarlo a no ser que se ofrezca «una causa justificada». Pero si se rechaza sin motivo probado, se comete una infracción que se castiga con la pérdida de tres meses de prestación. La segunda infracción, con seis meses de suspensión y la tercera supone perderla definitivamente.
En el caso de que un parado rechace empleos a su medida, la responsabilidad de dar aviso al servicio público de empleo para que sea penalizado es la oficina de empleo local, y por tanto, la autoridad responsable es la de la comunidad autónoma de residencia del parado. Pero los avisos de este tipo no son nada frecuentes entre las autonomías. Es decir, que si estas fueran más diligentes en comunicar al servicio de empleo público estatal las infracciones que cometen los desempleados para ser sancionados y dejar de recibir la prestación, habría muchas más retiradas del seguro de desempleo.
El mayor protagonismo que se quiere dar a las agencias privadas de colocación aumentará también los controles a estas situaciones. La idea es que estas entidades privadas negocien convenios con las comunidades autónomas para hacer parte del trabajo que hasta ahora realizan los funcionarios de las oficinas de empleo, que seguirían pagando en exclusiva las prestaciones por paro, un partida que el pasado año absorbió más de 30.000 millones de euros y que el Gobierno de Mariano Rajoy se ha comprometido a mantener.
Las agencias privadas de colocación sin ánimo de lucro —solo cobran por los servicios prestados— operan en España desde el año 1995 y funcionan en toda Europa, salvo en Luxemburgo. Sin embargo, son contadas con los dedos de una mano las que operan en el mercado español, circunstancia que los expertos consultados atribuyen a incertidumbres legislativas. Rodríguez Zapatero quiso potenciar la participación más activa de las entidades en el mercado laboral en la última reforma de 2010; pretendió autorizar su rápida constitución y fijar las condiciones de su actuación para que de ese modo pudieran empezar a operar en el mercado lo antes posible, aunque no logró avances significativos en la práctica y sí una fuerte contestación sindical.
La idea es que estas entidades negocien convenios específicos que se ocupen de nichos de mercado concreto, ya sea en determinados sectores de actividad o según en la zona donde realicen la intermediación. Pero deben rendir cuentas. Enviar mensualmente al Ministerio de Empleo, indicadores como el número de personas atendidas, demandas captadas y gestionadas y resultados.
Esta es una de las medidas que hoy tiene previsto anunciar la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en el Congreso, donde acudirá para anunciar las grandes líneas de su gestión durante esta legislatura, entre ellas recuperar los acuerdos en el Pacto de Toledo, rotos tras la decisión del Gobierno de Zapatero de congelar las pensiones. Báñez se enfrenta a un momento más que delicado para el sistema, que ha arrancado el año como casi 300.000 afiliados, rota la barrera de los 17 millones de ocupados.
Fuente: Diario ABC
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