La deriva populista del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, materializada el pasado lunes en el escandaloso expolio de YPF, ha centrado buena parte de la atención política y económica de la semana. La decisión de expropiar la filial argentina de Repsol de forma arbitraria y sin indemnización previa -ignorando lo que exige la propia Constitución del país- ha generado rechazo unánime en España y la Unión Europea, pero también, y significativamente, en otros Estados de la región. La ofensiva extremista de Kirchner ha tenido así un doble efecto, a todas luces no buscado por la presidenta. Por un lado, ha empujado un poco más a Buenos Aires hacia el descrédito en materia de relaciones comerciales; por otro, ha dado la oportunidad a sus vecinos de manifestar su firme disposición a seguir acogiendo y dando seguridad jurídica a la inversión española. Más allá del efecto coyuntural de las oportunas sanciones económicas o diplomáticas, como la anunciada el viernes por el Gobierno respecto a la limitación de las importaciones de biodiésel, el conflicto de YPF ha alineado a la Argentina de Kirchner con las más rancias tesis del nacionalismo económico que practican países como Cuba, Bolivia o Venezuela, lo que constituye un daño mucho más grave que cualquier sanción.
Como recordaba estos días el ministro de Obras Públicas de Chile, Laurence Golborne, la decisión de expropiar YPF no va a "contaminar" los mercados del resto de Latinoamérica, porque los inversores saben establecer diferencias entre unos países y otros. Así ocurre con la propia Repsol, cuyo presidente, Antonio Brufau, reiteraba horas después de la expropiación que el conflicto no afectaría a los planes de crecimiento internacional de la compañía y que esta seguiría apostando por reforzar su presencia "en las áreas geográficas más atractivas del mundo".
A la cabeza de esas áreas, y no solo para la petrolera, sino para el grueso de las empresas españolas que invierten en el exterior, siguen estando los países de América Latina. En ese sentido, sería un error no solo de estrategia, sino también de apreciación, magnificar la crisis de YPF y sobrevalorar sus efectos sobre el futuro de las inversiones españolas. El importante peso que la región tiene en las cuentas de resultados de buena parte de nuestras grandes empresas ha ejercido de fuerte contrapeso al efecto de la crisis en la eurozona. No en vano, Latinoamérica recibe casi un tercio del dinero que las compañías españolas dedican a invertir en el exterior y supone su principal apuesta fuera de Europa. Hasta el punto de que alguna de ellas -es el caso de Santander- recibe ya más de la mitad de sus beneficios desde esta región. Todo apunta a que las dificultades de financiación que ahogan la actividad económica en España en estos momentos ralentizarán el ritmo de crecimiento de las inversiones en la zona durante 2012 -con la excepción de Colombia y Brasil, donde se prevé que crezcan-. Pero la estrategia de las empresas españolas debe ser mantener férreamente sus posiciones y seguir apostando por un mercado que en 2015 se convertirá en nuestro primer destino de inversión.
Si la primera oleada de desembarco empresarial en América Latina ha sido guiada y protagonizada por las grandes empresas, el objetivo en los próximos años debe ser la puesta en marcha de nuevas iniciativas protagonizadas por medianas compañías. Esa será la forma natural de continuar el tradicional respaldo que tanto los sucesivos Gobiernos españoles como el propio tejido empresarial ha ofrecido a América Latina, un apoyo que no se ha limitado a las épocas de bonanza en la zona, sino a coyunturas complejas y poco gratificantes. El lazo histórico, cultural e idiomático que une a España con los países iberoamericanos convierten nuestra economía en un puente de valor estratégico fundamental de cara al mercado europeo. Por todo ello, es evidente que se trata de una entente que a ambas partes les interesa mantener.
Fuente: Diario Cinco Días
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