Tras el ajuste en el sistema sanitario y farmacéutico, ayer le tocó el turno al otro gran pilar del Estado del bienestar: la educación. La Conferencia General de Política Universitaria que ayer presidió el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, concluyó con una drástica subida de tasas. Para la primera matriculación de asignaturas, las comunidades podrán elevar hasta el 25% -frente al 15% actual- el coste de la plaza universitaria que asume el alumno. Ello supondrá que, de media, un universitario pasará de pagar 1.000 euros al año en tasas a 1.666 euros, lo que supone un incremento del 66%. La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, rebajó ese cálculo y auguró un incremento de 60 euros por mes, que multiplicados por nueve meses lectivos resultan 540 euros más por alumno y curso. En cualquier caso, Gomendio destacó que la decisión dependerá de la situación fiscal de las comunidades. Por otra parte, suspender será cada vez más caro, ya que las tasas se encarecerán progresivamente. Así, para la segunda matriculación, el universitario costeará entre el 30% y el 40% del coste real. Entre un 65% y un 75% para la tercera matriculación y, para la cuarta y sucesivas se puede llegar a pagar hasta el 100% del coste del servicio. Además, Montserrat Gomendio señaló que también los costes de los másteres "no habilitantes" (no necesarios para ejercer ciertas profesiones) se incrementarán hasta un 50%.
Desde Colombia, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, justificó la subida de tasas. "Cada alumno que abandona la universidad cuesta muchísimo dinero a los españoles", declaró. Y, además, apuntó de forma tajante que "no hay dinero para pagar los servicios públicos". Educación aseguró que el sistema de becas actual se mantendrá para garantizar que los alumnos con menos recursos puedan acceder a la enseñanza superior. En este sentido, se mantendrá el baremo actual que reparte las ayudas en función de la renta de los padres.
Por otra parte, también se modificará el mecanismo para decidir la carga lectiva de los profesores. Aquellos que no tengan sexenios vivos -una labor investigadora destacable- se verán obligados a impartir más horas de clase, mientras se reducirá la jornada docente para los profesores más brillantes en investigación. Educación señala que en torno al 50% de los profesores universitarios que son funcionarios carecen de los denominados sexenios vivos. Wert critica que una "proporción muy elevada del profesorado no está investigando ni generando conocimiento", aunque cobra por ello. El Ejecutivo pretende así reducir el número de empleados en la educación superior. Las universidades, como las comunidades, estarán obligadas a realizar ajustes para sanear sus cuentas.
El Ejecutivo no fijó ayer un umbral a partir del cual los centros deberán eliminar titulaciones ante la falta de alumnos. En cualquier caso, se acordó establecer unos "mínimos de eficiencia" para evitar que algunas universidades incluyan en su oferta carreras con una bajísima demanda. Un estudio reciente de la Fundación BBVA y el IVIE reveló que hay 15 universitarios por cada profesor. El objetivo último del Gobierno de Mariano Rajoy es ajustar en 3.000 millones el gasto en educación y en otros 7.000 el sanitario y farmacéutico. El Consejo de Ministros aprobará hoy las reformas mediante reales decretos.
Fuente: Diario Cinco Días
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