Se acerca la celebración del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera y los gobiernos autonómicos apuran el margen de maniobra de que disponen para lograr la senda de consolidación fiscal. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, anunció ayer en declaraciones a RAC 1 que tendrán que aplicar un nuevo recorte de "más de 1.500 millones" con el objetivo de reducir el déficit del 3,72% del PIB de 2011 hasta el 1,5% este año. Homs reprochó al Ejecutivo central que este nuevo ajuste tenga que acometerse con una reducción de los ingresos procedentes de los presupuestos estatales de al menos 1.800 millones.
Así, el Gobierno de Artur Mas continúa calculando cuánto dejará de percibir del Estado, con el fin de ajustar a la realidad los presupuestos catalanes para 2012, que contendrán esta tercera ronda de ajustes. Aunque evitó concretar en qué consistirán las medidas que se apliquen ahora, aseguró que es "muy probable" que consistan en recortes del gasto y aumento de impuestos.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, echó ayer en cara al PP que en los presupuestos estatales "haya dinero" para construir el AVE a Galicia y se incremente la partida para el Museo del Prado pero, en cambio, se diga que no pueden pagarse las deudas del Estado con Cataluña.
Otra de las autonomías que ayer anunció nuevas medidas para capear la crisis fue Extremadura. El consejero de Economía y Hacienda extremeño, Antonio Fernández, desgranó ante el Parlamento regional las principales medidas del Plan de Optimización de Recursos con los que el Gobierno de José Antonio Monago pretende ingresar este año 22 millones más y gastar 138 millones menos. Al final de la legislatura prevé haber logrado una recaudación extra de 208 millones y ahorros valorados en 846 millones.
Entre las iniciativas destaca la creación de nuevos impuestos, la revisión al alza de todas las tasas, el control del absentismo de los empleados públicos y la venta de patrimonio, como el edificio III Milenio de Mérida. En materia fiscal, la actualización de tasas y precios públicos, así como el canon del agua no se aplicarán a parados y hogares con menos renta. El canon del agua gravará la disponibilidad de uso de las redes de abastecimiento y tiene una expectativa de recaudación de 30 millones.
Los otros impuestos nuevos se aplicarán sobre la eliminación de residuos sólidos en vertederos y las bolsas de plástico de un solo uso, con cinco céntimos por unidad. También suben los tipos impositivos en transacciones, escrituras públicas y constitución de hipotecas. Por último, Canarias acaba de aprobar un paquete de medidas para afrontar los recortes impuestos por el Estado, entre las que destaca el incremento del tipo general del IGIC (equivalente al IVA en la Península) al 7%.
Fuente: Diario Cinco Días
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