Madrid prepara una ley que pretende, según los responsables del gobierno regional, fomentar la vida en el campo, frenar "el éxodo rural" y, a la vez, salvaguardar el medioambiente, para lo cual va a permitir la construcción de viviendas en las fincas rurales, de acuerdo con los requisitos que se recogerán en esa normativa.
Así lo ha anunciado la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha estudiado el anteproyecto de Ley de viviendas rurales sostenibles, cuya tramitación se inicia a partir de ahora.
Se trata, ha explicado la consejera, de responder desde la Comunidad a la "necesidad de muchos madrileños que quieren vivir en el campo y de otros que ya viven allí, pero que no podían hacer efectivo el uso de fincas rústicas" porque la ley les impedía construir viviendas en ellas.
Mariño ha recalcado que la futura ley "regula las viviendas rurales sostenibles" y las ha diferenciado de las "urbanizaciones tradicionales" que, según ha dicho, requieren de "otro tipo de calificación y autorización" para construir.
Ha explicado que en este caso la ley permitirá construir "vivienda rural sostenible" en suelos "no sujetos a protección sectorial", que tengan 6 hectáreas como mínimo de superficie, en las que únicamente se podrá levantar "una vivienda unifamiliar por unidad de terreno", con una altura máxima de 3,5 metros y una distancia de, al menos, 250 metros de la construcción más cercana.
A partir de ahora el anteproyecto de ley se remite a los colectivos sociales e instituciones publicas y privadas para que se "pronuncien de forma mucho más comprensible en los extremos de esta normativa", ha señalado Mariño.
Críticas ecologistas
Las críticas ecologistas en la Comunidad de Madrid no se han hecho esperar, pues consideran que la ley abre la puerta a construir en zonas protegidas. "Por poner un ejemplo, en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, de 52.796 hectáreas, de las cuales el 65% son de titularidad privada, se podrían construir 3.431 viviendas de 1000 m2 de planta cada una", señalan en un escrito que recoge firmas de ciudadanos contrarios a esta ley.
La ley, ha insistido Mariño, no va a suponer "incremento de la burocracia ni ningún coste adicional para las administraciones", sino que servirá para"dar valor a las fincas rústicas en desuso" y para "consolidar el papel de los ciudadanos en la conservación del medio ambiente" ya que, ha asegurado, "el contacto con la naturaleza convierte al individuo en un agente activo de su cuidado" pues al optar por la vida en el campo "es el principal interesado en cuidarlo y protegerlo".
Sobre suelo sin 'protección sectorial'
El anteproyecto de ley, que según ha informado Mariño es "un texto articulado corto", recoge entre otros extremos que la vivienda rural sostenible se podrán construir en "suelo no sujeto a protección sectorial" y que las infraestructuras, vías de acceso, las instalaciones y "todo lo que conlleva la vida en un suelo urbano, correrán a cargo del propietario".
Se exigirá que la vivienda se adapte arquitectónica y estéticamente al paisaje y se establece "una ocupación de la unidad de la parcela del 1,5 sin límite en cuanto al tamaño de la vivienda".
Para Ecologistas en Acción, el anteproyecto de ley "supone el 'todo vale' en suelos protegido y una amenaza el medio natural". En el escrito que preparan para protestar sobre la futura ley aducen que "la dispersión de viviendas en el medio natural no generará beneficios para nadie y, muy al contrario,perjudicará gravemente el medio rural".
La futura ley recoge, además, que la tramitación de la licencia de obrasdeberá hacerse de acuerdo con los términos que contempla la ley, que la aprobará y concederá el Ayuntamiento, y se contemplan actuaciones administrativas por incumplimiento de esta normativa.
Según ha explicado Mariño, las viviendas rústicas ya existentes podrán iniciar el expediente de legalización una vez se apruebe la ley y siempre que cumplan "absolutamente todas las prescripciones y requisitos"contenidos en la futura normativa.Madrid prepara una ley que pretende, según los responsables del gobierno regional, fomentar la vida en el campo, frenar "el éxodo rural" y, a la vez, salvaguardar el medioambiente, para lo cual va a permitir la construcción de viviendas en las fincas rurales, de acuerdo con los requisitos que se recogerán en esa normativa.
Así lo ha anunciado la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha estudiado el anteproyecto de Ley de viviendas rurales sostenibles, cuya tramitación se inicia a partir de ahora.
Se trata, ha explicado la consejera, de responder desde la Comunidad a la "necesidad de muchos madrileños que quieren vivir en el campo y de otros que ya viven allí, pero que no podían hacer efectivo el uso de fincas rústicas" porque la ley les impedía construir viviendas en ellas.
Mariño ha recalcado que la futura ley "regula las viviendas rurales sostenibles" y las ha diferenciado de las "urbanizaciones tradicionales" que, según ha dicho, requieren de "otro tipo de calificación y autorización" para construir.
Ha explicado que en este caso la ley permitirá construir "vivienda rural sostenible" en suelos "no sujetos a protección sectorial", que tengan 6 hectáreas como mínimo de superficie, en las que únicamente se podrá levantar "una vivienda unifamiliar por unidad de terreno", con una altura máxima de 3,5 metros y una distancia de, al menos, 250 metros de la construcción más cercana.
A partir de ahora el anteproyecto de ley se remite a los colectivos sociales e instituciones publicas y privadas para que se "pronuncien de forma mucho más comprensible en los extremos de esta normativa", ha señalado Mariño.
Críticas ecologistas
Las críticas ecologistas en la Comunidad de Madrid no se han hecho esperar, pues consideran que la ley abre la puerta a construir en zonas protegidas. "Por poner un ejemplo, en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, de 52.796 hectáreas, de las cuales el 65% son de titularidad privada, se podrían construir 3.431 viviendas de 1000 m2 de planta cada una", señalan en un escrito que recoge firmas de ciudadanos contrarios a esta ley.
La ley, ha insistido Mariño, no va a suponer "incremento de la burocracia ni ningún coste adicional para las administraciones", sino que servirá para"dar valor a las fincas rústicas en desuso" y para "consolidar el papel de los ciudadanos en la conservación del medio ambiente" ya que, ha asegurado, "el contacto con la naturaleza convierte al individuo en un agente activo de su cuidado" pues al optar por la vida en el campo "es el principal interesado en cuidarlo y protegerlo".
Sobre suelo sin 'protección sectorial'
El anteproyecto de ley, que según ha informado Mariño es "un texto articulado corto", recoge entre otros extremos que la vivienda rural sostenible se podrán construir en "suelo no sujeto a protección sectorial" y que las infraestructuras, vías de acceso, las instalaciones y "todo lo que conlleva la vida en un suelo urbano, correrán a cargo del propietario".
Se exigirá que la vivienda se adapte arquitectónica y estéticamente al paisaje y se establece "una ocupación de la unidad de la parcela del 1,5 sin límite en cuanto al tamaño de la vivienda".
Para Ecologistas en Acción, el anteproyecto de ley "supone el 'todo vale' en suelos protegido y una amenaza el medio natural". En el escrito que preparan para protestar sobre la futura ley aducen que "la dispersión de viviendas en el medio natural no generará beneficios para nadie y, muy al contrario,perjudicará gravemente el medio rural".
La futura ley recoge, además, que la tramitación de la licencia de obrasdeberá hacerse de acuerdo con los términos que contempla la ley, que la aprobará y concederá el Ayuntamiento, y se contemplan actuaciones administrativas por incumplimiento de esta normativa.
Según ha explicado Mariño, las viviendas rústicas ya existentes podrán iniciar el expediente de legalización una vez se apruebe la ley y siempre que cumplan "absolutamente todas las prescripciones y requisitos"contenidos en la futura normativa.
Fuente: Diario El Mundo
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