El Gobierno español está estudiando el movimiento de Evo Moralescontra Red Eléctrica Española (REE), pero fuentes del Ejecutivo han explicado a este diario que "no tiene nada que ver con el caso de Argentina y de YPF" y que "no se trata de un ataque a España".
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ya ha hablado con su homólogo boliviano, David Choquehuanca. Tras esa conversación, en el Gobierno tratan de restar importancia a la expropiación porque, aseguran, es muy diferente al anuncio que realizó en su día Cristina Fernández de Kirchner.
Las mismas fuentes explicaron que la nacionalización es "un problema de competencia jurídica" sobre las redes eléctricas y "un cambio constitucional y legal" en Bolivia.
Por el momento, no se ha decidido que Margallo pida al embajador boliviano en España que se reúna con él para pedir explicaciones por lo ocurrido, algo que sí hizo con el embajador argentino tras la intervención de YPF.
'Una sorpresa que no ha gustado'
Hoy mismo, Evo Morales ha tenido un acto con el presidente de Repsol, Antoni Brufau, al que también ha acudido el embajador de España en Bolivia, Ramón Santos. Según las fuentes de Moncloa, ésa es otra prueba de que "no se trata de ningún movimiento contra España", como sí pudo ocurrir en el caso argentino.
En dicho acto, el embajador ha señalado, no obstante, que la expropiación de la filial boliviana ha sido "una sorpresa, sin duda", que"no ha gustado" al Gobierno español.
"Es una medida que naturalmente no ha gustado a mi Gobierno", ha dicho Santos a los periodistas en el campo de gas natural Margarita, en el sur de Bolivia, donde Morales y el presidente de Repsol van a inaugurar una planta procesadora hoy mismo.
El embajador ha reconocido que "el Gobierno de Bolivia puede adoptar una decisión de esta naturaleza", que cabe "dentro del ejercicio de la soberanía", pero a España le parece que la decisión "manda una señal negativa desde el punto de vista de la inversión, tanto nacional como extranjera".
Generar desconfianza
"Una medida de este tipo genera desconfianza en el país a la hora de atraer inversiones extranjeras. Mi gobierno ha emitido ya un comunicado en el que dice que está analizando la situación y va a hacer el seguimiento de cómo evoluciona el caso y, en su momento, quizá haga un pronunciamiento", agregó Santos.
Según el diplomático, ahora lo deseable "es que ambas partes, empresa y Gobierno, se sienten y negocien de buena fe una indemnización justa", e insistió: "Fue una sorpresa, sin duda"
Fuente: El Mundo
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