La reforma laboral, a su paso por el Congreso, ha sufrido algo más que los "cambios técnicos" que el Gobierno decía estar dispuesto a aceptar. El PP ha acabado por darle una vuelta de tuerca y acercar más el resultado a las tesis patronales. Si el decreto de febrero acabó con la prórroga indefinida de los convenios no renovados y la dejaba en dos años, el texto aprobado este jueves la reduce a uno. Además, da más poder al empresario para cambiar de forma unilateral las condiciones laborales al permitirle disponer de hasta un 10% de la jornada anual, frente al 5% actual.
Hay otro cambio significativo: el contrato que permite a las empresas de menos de 50 trabajadores contar con un periodo de prueba de hasta un año, en el que se puede despedir sin indemnización, se ha condicionado a que la tasa de desempleo esté por encima del 15%, tras un pacto del PP con CiU. “Es un contrato de crisis”, definió en los pasillos del Congreso el director general de Empleo, Xavier Thibauld, uno de los arquitectos de la reforma.
A primera vista, esta modificación es un guiño a los sindicatos, muy críticos con esta figura por considerarla inconstitucional. Sin embargo, la realidad lo deja en un brindis al sol. El paro ahora está por encima del 24%. El mismo Gobierno, en sus previsiones, no espera que esta tasa baje en esta legislatura y el FMI, uno de los pocos órganos que hace pronósticos a largo plazo, vaticina un paro por encima del 20% en España hasta 2017.
El texto que este jueves aprobó la Comisión de Empleo del Congreso con los votos de PP y CiU no es definitivo. Ahora, la reforma laboral tiene que pasar por el Senado y posteriormente volver al Congreso, donde finalizará la tramitación parlamentaria, previsiblemente antes de que acabe junio.
Para el PP, los cambios introducidos dejan un texto "bastante completo", en una reforma que es "equilibrada y profunda", según definió, echando mano del argumentario habitual, la popular Carolina España. "La reforma vulnera todos los derechos de los trabajadores", atacó la socialista Concha Gutiérrez. Por su lado, el portavoz de la Izquierda Plural tildó el texto aprobado de "contrarreforma" que "tiene como único objetivo reducir salarios cargándose la negociación colectiva".
También los líderes sindicales, Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Cándido Méndez (UGT), fueron muy críticos con lo aprobado este jueves. Para ellos, "las enmiendas agravan más" la reforma contra la que ya convocaron una huelga general, según las declaraciones que hicieron tras entregar una carta en el Congreso en la que pedían que no se aprobara la reforma laboral.
Para reducir de dos años a uno la prórroga en los convenios no renovados, el PP dio su apoyo a una enmienda de Foro. Fue la única que salió adelante del partido de Francisco Álvarez Cascos. Una vez el nuevo texto entre en vigor, cuando transcurran 12 meses sin acuerdo, el convenio no renovado decaerá y la referencia pasará a ser el pactado en ámbitos superiores (sectorial provincial, autonómico o estatal, donde los pactos suelen ser de mínimos). Si no existiera un convenio superior, el marco al que acogerse será el Estatuto de los Trabajadores.
Entre las enmiendas aprobadas, hay una que aumenta el poder empresarial para disponer de hasta el 10% de las horas que un empleado debe trabajar al año (unas 1.750)
El argumento del Ministerio de Empleo para aceptar este cambio es que, en la actualidad, el plazo medio de renovación de convenios es de siete meses. Además, Thibauld se muestra convencido de que serán muy pocos los convenios que decaerán porque no se renuevan. "No le conviene a nadie. Una empresa sin convenio es ingobernable", justifica.
Entre las enmiendas aprobadas, hay una que aumenta el poder empresarial para disponer de hasta el 10% de las horas que un empleado debe trabajar al año (unas 1.750 horas). Para hacerlo, bastará con que el trabajador sea informado del cambio con cinco días de antelación. Empleo justifica el cambio basándose en que es una recomendación para los negociadores de convenios que sindicatos y patronal pactaron en el acuerdo de negociación colectiva del pasado enero.
Entre las enmiendas que salieron adelante, hay una del PP que aclara que, para despedir por absentismo, las empresas no podrán contar las bajas justificadas causadas por enfermedades graves o tratamientos contra el cáncer. También se aprobó una pactada con CiU que da más protagonismo a la autoridad laboral en la tramitación de los despidos colectivos. Esta modificación no supone recuperar la autorización administrativa, pero sí que se otorga mayor control a la Administración que incluso podrá actuar como mediador o asesor en el proceso, si una de las partes lo solicita.
La reforma tras su paso por el Congreso
Un año de prórroga para los convenios. Cuando sindicatos y empresarios no pacten la renovación de un convenio, este solo estará vigente durante 12 meses. A partir de entonces, la referencia será el convenio de ámbito superior (provincial, autonómico o estatal). Si no lo hay, el referente pasa a ser el Estatuto de los Trabajadores.
Más papel administrativo en los despidos colectivos. PP y CiU han pactado que la autoridad laboral pueda asesorar e intermediar en las regulaciones de empleo. Además, la Inspección de Trabajo tendrá que elaborar un informe sobre el despido colectivo y velar por el cumplimiento de las obligaciones de información y negociación que dicta la norma.
Caída interanual de facturación. Se entenderá que una caída persistente de ingresos es causa de despido objetivo (20 días de indemnización por año trabajado) cuando los ingresos ordinarios decaen durante tres trimestres consecutivos respecto a los mismos periodos del año anterior. Lo mismo vale, pero solo durante dos trimestres, si lo que persigue el empresario es modificar condiciones laborales sustanciales (sueldo, horarios, jornada, traslados).
"Contrato de crisis". El contrato que permite a las empresas de menos de 50 trabajadores contar con trabajadores en periodo de prueba durante un año (periodo en que se puede despedir sin indemnización alguna) estará en vigor mientras la tasa de paro esté por encima del 15%.
Más bonificaciones. Los autónomos que contraten a familiares hasta el segundo grado contarán con una bonificación del 50% en la cuotas sociales durante 18 meses. También habrá bonificación para los hosteleros que alarguen el periodo de contratación de los fijos discontinuos más allá de la temporada alta durante los meses adicionales (marzo y noviembre).
Pagar el paro de prejubilados. Las empresas en beneficios con más de 100 trabajadores que despidan a mayores de 50 años (prejubilados) tendrán que pagar el coste del desempleo. Hasta ahora eran las de más de 500 empleados.
Fuente: Diario El País
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