Nunca como hasta esta semana la banca española había despertado tanta preocupación y nunca como hasta estos días el Gobierno había anunciado una reforma con una necesidad tan apremiante de restaurar la confianza sobre sus bancos, pieza fundamental para salir del oscuro e interminable túnel de la presente crisis. El Ejecutivo presentó el viernes un nuevo real decreto-ley que busca los mismos objetivos que los seis anteriores -recuperar la credibilidad y la confianza de la banca y del conjunto del país, reactivar el crédito y que se venda el elevado stock de vivienda-, pero con la aspiración de ser el definitivo. Las reformas anunciadas atañen a la banca y al conjunto del mercado inmobiliario, con medidas como el incentivo fiscal para la adquisición de vivienda, facilidades para el alquiler y el rediseño de las sociedades de inversión inmobiliaria (Socimi), que deben servir para atraer el capital privado hacia el ladrillo.
La parte que atañe a la banca da un paso más allá respecto a la reforma de febrero. Se exigirán nuevas provisiones para el crédito al sector inmobiliario sano mucho más duras, en previsión del deterioro que causará en la cartera crediticia la recesión económica. En total, los bancos españoles deberán realizar provisiones adicionales por 28.000 millones de euros, según adelantó CincoDías, de modo que los créditos al ladrillo que no presentan -aún- problemas deberán cubrirse al 30%. También sin excepciones, los bancos deberán traspasar a una sociedad de gestión sus activos adjudicados, es decir, las viviendas -terminadas o no- y el suelo que han incorporado al balance en estos años a consecuencia de los impagos.
La reforma anunciada el viernes es la evidencia palpable de que las sucesivas medidas adoptadas, tanto por el Gobierno como por el Banco de España, no han bastado para alejar de la banca española la duda que planea desde el inicio de la crisis: cuál es la verdadera dimensión del riesgo inmobiliario asumido en los años del boom y, en consecuencia, cuál es el poder destructor de ese riesgo sobre la solvencia del sistema financiero. Y con tal de dar la máxima transparencia, en línea con la exigencia del mercado de la que se hizo eco el propio FMI, el Ejecutivo anunció también que los activos inmobiliarios de los bancos serán valorados por dos tasadores independientes. Fuentes del Gobierno reconocen que el FMI ha influido en el diseño de la reforma financiera y que la decisión de contar con esas dos tasaciones responde también a las recientes presiones mostradas por el BCE y la Comisión Europea en ese sentido.
Según apuntó Luis de Guindos, se trata de confirmar que "las valoraciones son las adecuadas", una decisión que podría sembrar la duda sobre el papel que ha desempeñado el Banco de España, muy cuestionado estos días, pero que no implica desechar las valoraciones que los bancos tienen apuntadas en libros. De hecho, tal valoración externa será una especie de test de estrés en el que medir la resistencia de esa cartera y no supondrá partir de cero en la contabilidad de los activos tóxicos. Aun así, la figura de Fernández Ordóñez planeó el viernes sin remedio sobre la presentación de la reforma. Guindos mostró su convencimiento en que el Banco de España "recuperará su prestigio" y su "máximo respeto" por la institución, donde se relevará al gobernador en julio, según lo previsto.
La reforma recibió el aplauso del FMI, verdadero detonante de su puesta en marcha. Es una "respuesta eficaz", en palabras de su presidenta Christine Lagarde, si bien ha suscitado veladas críticas en el sector financiero español, obligado a nuevas provisiones por el crédito sano. Así, la financiación al suelo no problemática deberá provisionarse al 52%, al igual que los créditos con garantía personal; los créditos para vivienda en curso, al 29% y la financiación para vivienda terminada al 14%, frente a la provisión única para el crédito sano del 7% que establecía la reforma de febrero. En total, 28.000 millones de provisiones extra para un volumen de créditos que no están en apuros de 122.000 millones y que se añaden a los 54.000 millones de febrero. Incluso si el 75% de estos créditos sanos entrara en impago, la cobertura total del riesgo quedaría en el 50% con la aplicación de las dos últimas reformas, aseguró Guindos.
El nuevo esfuerzo tendrá su mayor impacto en Bankia, con unos 4.500 millones, y supondrá 3.000 millones para Santander y 2.200 millones para BBVA más Unnim (ver cuadro). Y volverá a marcar las distancias entre los más fuertes, que podrán responder si entran en pérdidas aunque amenazando sus dividendos, y los más débiles, condenados a las pérdidas y a nuevas ayudas públicas de al menos 15.000 millones.
1. El FGD se dotará con derramas según las necesidades
El Fondo de Garantía de Depósitos, cuyas funciones consisten en asegurar los ahorros de los ciudadanos -hasta 100.000 euros por cliente y entidad en caso de quiebra- y para sufragar la privatización de los bancos y cajas que han sido intervenidos por el Estado, está seco. Así lo confirmó el viernes el ministro de Economía, Luis de Guindos, que avanzó que la banca se prepara para efectuar una derrama extraordinaria -el Fondo lo alimenta el sector- para que cuente con recursos. Desde el ministerio aseguran que, hasta entonces, el Estado respondería si hiciera falta cubrir depósitos y que la banca irá haciendo derramas a medida que se subasten Catalunya Caixa, Banco de Valencia -procesos ya abiertos- y, eventualmente, Novagalicia. Este pago supone una factura paralela para el sector.
2. Tres caminos para cumplir con el nuevo decreto
Todas las entidades financieras deberán presentar sus planes de saneamiento, incluyendo las nuevas provisiones al 30% para crédito sano al ladrillo, para el 11 de junio. El Banco de España deberá dictaminar si los programas son viables en un plazo de 15 días. A partir de ahí se abren tres vías. Las entidades que puedan cumplir con la factura contra sus resultados tendrán para hacerlo -y segregar sus activos en un banco malo- hasta el 31 de diciembre de 2012. Aquellas que sustenten su estrategia en una fusión -podrán anunciarla hasta el 31 de junio- recibirán el visto bueno en un mes y tendrán 12 meses a partir de ahí para cumplir con las provisiones. Las entidades que incurran en un déficit de capital tendrán que presentar un nuevo plan en cinco meses. Si este no resulta viable, recibirán apoyo del FROB.
3. Bankia recibirá más dinero y deberá ser privada en tres años
"Bankia es una entidad solvente que tiene detrás a todo el sector público español", sentenció el viernes el ministro de Economía, Luis de Guindos, enviando un mensaje de confianza a los clientes de la entidad. Preguntado sobre si la renuncia de su presidente, Rodrigo Rato, el pasado lunes, se produjo por presiones del Gobierno, Guindos aseguró que se trató de una decisión "personal" de quien fuera su antecesor y superior cuando ejerció como "el mejor ministro de Economía" durante el Gobierno de José María Aznar. "Nadie más que yo respeta a Rato", declaró, para sostener luego que, aunque el Gobierno no ha detectado irregularidades en la gestión de la entidad, se dirimirán responsabilidades en las próximas semanas. En cuanto al coste público de nacionalizar Bankia, que en los mercados se estima entre 7.000 y 10.000 millones, Economía mantiene que queda incluido en el entorno de 15.000 millones de factura del decreto.
4. La valoración externa no será tasación nueva sino test de estrés
Presionado por el Banco Central Europeo y la UE, según admiten fuentes de Economía, el Gobierno ha accedido a que las cuentas de la banca española se sometan a un análisis efectuado por dos valoradores independientes, sin intereses en el mercado español. En contra de lo que pudiera parecer, estos exámenes no realizarán una tasación sobre terreno de los activos adjudicados de cada firma. Según el Ejecutivo, esta alternativa "podría llevar un par de años", en lugar de los "tres o cuatro meses" que está previsto. El análisis consistirá en un test de estrés, al estilo de los efectuados ya por la Autoridad Bancaria Europea o el Fondo Monetario Internacional, que pruebe la resistencia de cada entidad ante situaciones drásticas de depreciación de activos y desaceleración económica tomando por buenas las cuentas que presenten. En el sector se baraja que uno de los encargados de los test sea la gestora de riesgo BlackRock.
5. Otros 15.000 millones de ayudas públicas al 10% de interés
Las entidades para las que el nuevo esfuerzo de saneamiento suponga un déficit de capital que no puedan solventar recibirán dinero del FROB, que computará como deuda pública y no como déficit. El Gobierno estima que las necesidades del sector -incluyendo a Bankia- no llegarán a los 15.000 millones, "menos que lo que inyectó el Gobierno anterior", defendieron. Las ayudas, a devolver al Estado en un plazo máximo de cinco años, se harán "preferiblemente" por la vía de obligaciones convertibles contingentes -cocos en el argot financiero- con un interés del 10%. "El doble de lo que paga el Tesoro por financiarse", recordaron en Economía defendiendo que la jugada es rentable para los contribuyentes y no una mera ayuda. La vía alternativa, que las entidades podrán solicitar o combinar, será recibir el dinero del FROB directamente como acciones, lo que les ahorrará costes pero dejará al Estado como participante.
Las inmobiliarias de la banca valdrán de 'banco malo'
Una de las medidas más sorpresivas que contiene el nuevo decreto de reforma del sistema financiero es la obligación para todas las entidades, sean solventes o no, de segregar sus activos inmobiliarios en sociedades de gestión, más conocidas como bancos malos. La oposición frontal de las grandes entidades a este modelo hacía pensar que el Ejecutivo solo obligaría a ello a quienes terminen necesitando financiación pública. La decisión definitiva, mediáticamente más potente y aparentemente agresiva con la gran banca, no supondrá, sin embargo, grandes cambios para los líderes del sector.
La práctica mayoría de estos ya cuenta con sociedades inmobiliarias constituidas para ir gestionando y dando salida a sus activos adjudicados. Santander tiene Altamira, BBVA posee Anida, CaixaBank a Servihabitat o Sabadell a Solvia. Fuentes del Ministerio de Economía admiten que todas ellas -siempre que las entidades sean solventes- podrán actuar como bancos malos o sociedades de gestión de activos, sin demasiados cambios. Como mucho, apuntan en el ministerio, tendrían que mejorar su transparencia o argumentar que están gestionadas por profesionales inmobiliarios y no financieros.
La diferencia vendrá para aquellos bancos o cajas que no sean capaces de hacer frente a las nuevas exigencias de saneamiento inmobiliario y reciban financiación pública a través del FROB. Solo en estos casos, las sociedades de gestión que se constituyan tendrán algunos requisitos extraordinarios, como la obligación de desconsolidar un 5% de los activos de la firma anualmente.
En cuanto al calendario para volcar el conjunto de los activos problemáticos adjudicados a estas compañías, el Gobierno obligará a tenerlos provisionados y segregados para el 31 de diciembre de este año. Se mantiene, no obstante, el plazo adicional anunciado en febrero para las entidades que protagonicen operaciones corporativas. Así, las entidades que se fusionen tendrán, como incentivo un plazo de 12 meses a partir del día en que el Gobierno apruebe su unión para completar las dotaciones del ladrillo y su segregación en un banco malo. La nueva reforma amplía el plazo para anunciar matrimonios entre entidades hasta el 30 de junio, frente a la fecha original de 31 de mayo. Economía tendrá un mes más para dar luz verde a la operación, si considera que crea a un proyecto viable, con lo que las últimas entidades en crear un banco malo lo harán, como máximo, antes del 31 de julio de 2013.
El nuevo decreto ley deja abierta la puerta a regular medidas de apoyo público a los bancos malos para que capten capital privado, lo que según fuentes ministeriales podría traducirse en exenciones fiscales, por ejemplo. Por último, se deja abierta la posibilidad de crear sociedades de gestión individuales -como ya han adelantado que harán los grandes bancos- o apostar por un modelo mancomunado entre varios, como se prevé que hagan las firmas medianas para captar capital privado. Para Carlos Gardeazabal, director de asesoría jurídica y fiscal de BNP Paribas, "el mejor sistema para desconsolidar estos activos era crear un solo vehículo y obligar a todas las entidades a participar".
Fuente: Diario Cinco Días
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