Escenario económico de las comunidades autónomas. - Alejandro Meraviglia
Sin la ayuda del Estado, peligra la viabilidad de las comunidadesEl problema de endeudarse es que uno debe devolver los préstamos, y además con intereses. La caída de ingresos fiscales desde 2008 ha obligado a las comunidades a recurrir a los mercado de deuda de forma masiva para cumplir con sus obligaciones de pago. Esta circunstancia condicionará los presupuestos de los próximos años ya que las comunidades deberán destinar el doble de dinero que ahora a pagar intereses. En 2011, los gastos financieros ascendieron a 4.400 millones, una cifra que alcanzará los 9.163 millones en 2014, según los planes económico financieros que presentaron las comunidades ante Hacienda.
El endeudamiento de las comunidades es uno de los aspectos que provoca más recelos en los mercados internacionales, que ya dudan de la capacidad de las regiones para responder a las deudas contraídas. En este sentido, el Gobierno de Mariano Rajoy asegura que no permitirá caer a ninguna región, lo que implica articular algún mecanismo para auxiliar a las autonomías. Las comunidades reclaman con insistencia poner en marcha los llamados hispanobonos.
Cataluña ya señaló el pasado viernes que precisará de la ayuda del Estado para refinanciar los vencimientos de deuda de este ejercicio, que ascienden a 13.000 millones. Sin el respaldo del Estado, peligra la viabilidad de las comunidades. Los planes económico financieros que las regiones entregaron al ministerio de Hacienda ya contemplan un aumento exponencial del pago de intereses, que en 2014 supondrá el 6% de los presupuestos autonómicos. A día de hoy no representa ni el 3%. Cataluña es, con diferencia, la comunidad que más dinero destinará a pagar intereses en los próximos ejercicios. Según las previsiones de la Generalitat, el pago del servicio de la deuda supondrá 2.404 millones en 2014. Para entender la magnitud de esa cifra basta decir que los gastos financieros del conjunto de las comunidades en 2008 no superaba los 2.200 millones.
El incremento de las partidas de la deuda contrasta con la necesidad de reducir el déficit para cumplir con las exigencias de Bruselas. Los números rojos del conjunto de regiones alcanzaron en 2011 los 35.400 millones, un importe que debe reducirse hasta los 16.000 millones este año y no superar los 5.500 millones en 2013. Supone un ajuste sin precedentes que obligará a las comunidades a recortar en sanidad y educación, los pilares del Estado del bienestar.
El anterior Gobierno, con el apoyo del PP, modificó la Constitución para garantizar a los mercados que el conjunto de la Administración devolverá sus deudas. "Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión", señala el reformado artículo 135. La deuda pública del conjunto de la Administración alcanzó el 68,5% del PIB el año pasado y en los próximos años superará el 80%.
Las cifras
106% será el porcentaje de incremento de los gastos financieros entre 2011 y 2014, según las previsiones de las comunidades. El conjunto del gasto autonómico se reducirá un 5,8% en este periodo.
9.163 millones de euros dedicarán las regiones para pagar los intereses de la deuda en 2014, frente a los 4.400 que destinaron en 2011.
Castilla-La Mancha y Cataluña, líderes en recortes
Los planes de saneamiento que las comunidades remitieron a Hacienda y que, con la única excepción de Asturias, se aprobaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 17 de mayo contemplan un recorte del gasto sin precedentes. Castilla-La Mancha prevé reducir su presupuesto un 23% en los próximos tres años. Le sigue Cataluña, que asegura que en 2014 gastará un 15% menos que ahora. Ello obligará a realizar drásticos ajustes. Además, las comunidades se han lanzado a subir impuestos y establecer nuevas tasas, lo que reducirá el poder adquisitivo de los contribuyentes.
Cataluña, Andalucía, Extremadura o Asturias son algunas de las comunidades que han optado por incrementar el impuesto sobre la renta en la parte alta del tributo.
El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el tributo que grava la compraventa de casas de segunda mano y la constitución de hipotecas, también han sufrido una incremento en buena parte de las comunidades. Sin embargo, los aumentos fiscales tienen una capacidad recaudatoria muy limitada en el actual contexto económico.
Antes de la crisis, las regiones llegaron a recaudar 10.000 millones por el impuestos sobre transmisiones patrimoniales y otros 8.000 millones por actos jurídicos documentados. En 2011, ambos impuestos solo aportaron 6.000 millones a las arcas de las comunidades. Ningún aumento fiscal podrá situar los ingresos a los niveles anteriores a la crisis y ello supone que el mayor esfuerzo para reducir el déficit procederá de la reducción del gasto público, que afectará sobre todo a sanidad y educación.
Fuente: Diario Cinco Días
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