El Ejecutivo está dispuesto a perseguir con todos los instrumentos de los que dispone el delito fiscal. Por ese motivo aprobó el viernes una modificación del Código Penal que prevé una pena de prisión máxima de seis años por delito fiscal, en lugar de los cinco establecidos hasta ahora, y recoge que el plazo de prescripción de las infracciones más graves se eleva de cinco a diez años. Así lo anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien apuntó que el anteproyecto que recoge todas las modificaciones se remitirá en breve a los principales órganos consultivos, como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial
De este modo, la pena máxima tipificada por delito fiscal se aplicará cuando la cuantía de la cuota defraudada exceda de 600.000 euros o cuando la defraudación se haya cometido dentro de una organización criminal. También tendrá efecto cuando se utilicen negocios, entes o territorios que dificulten u oculten la identidad del obligado tributario o la determinación de la cuantía defraudada.
Una de las principales novedades que incluye la norma son los beneficios que pueden obtener aquellos infractores que regularicen su situación e incluso los que delaten a otros infractores, que pueden ver rebajada sustancialmente sus penas al ser considerada su actitud como un atenuante "por reparación del perjuicio económico causado a Hacienda". Este beneficio se aplicará en los casos de regularización dentro de los dos primeros meses tras haber recibido una citación judicial y en los casos en que el contribuyente colabore en la identificación de otros sujetos responsables. El plazo de prescripción del delito se amplía de cinco a diez años.
Contra empresas fantasmas
La lucha del Ejecutivo no se circunscribe en exclusiva a los delitos fiscales, sino que se extiende al ámbito de la Seguridad Social. Así se endurecen las penas máximas pasando de cinco a seis años y se amplía el periodo de prescripción de cinco a diez años de los supuestos delictivos más graves. En este caso, el Ejecutivo pone el foco sobre las empresas fantasma (sociedades sin actividad real que simulan relaciones laborales con el objetivo de que los trabajadores obtengan una prestación pública) y los talleres clandestinos (aquellos que no declaran la actividad que realizan ni tienen dados de alta a sus trabajadores).
Asimismo, se reduce la cuantía mínima de la defraudación de 120.000 euros a 50.000 euros, que incluirá toda la deuda no prescrita. Por otra parte, se sancionará a aquellos que empleen simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en la Seguridad Social o sin la autorización de trabajo.
Se estrecha el cerco a los gestores
El Gobierno ha elevado también la inhabilitación hasta diez años de los gestores públicos que falseen datos de las cuentas públicas. Este cambio legislativo se incluirá en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Transparencia. Esta última norma incluirá además la posibilidad de que cada año el Gobierno fije el salario máximo que podrán percibir alcaldes y concejales con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
La Ley de Transparencia pretende incrementar el volumen de información que ofrecen de oficio las Administraciones. Así, todas tendrán que tener disponibles, de forma activa y sin solicitud previa alguna, los datos sobre contratos, convenios, subvenciones, presupuestos y sueldos de sus cargos públicos. En paralelo, los ciudadanos podrán solicitar otros datos en los que estén interesados. Todas las Administraciones dispondrán de un mes de plazo para responder a cualquier solicitud de información de un ciudadano con el único límite de la protección de datos personales y la seguridad.
Pero la principal herramienta de control por parte de Hacienda a las comunidades y ayuntamientos será la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que contempla incluso la posibilidad de que el Gobierno disuelva un consistorio y destituya al alcalde si no cumple los objetivos de déficit.
Medidas
Delito fiscal: la ley mantiene la consideración de delito fiscal cuando supere los 120.000 euros. Cuando este vaya más allá de los 600.000 euros se aplicará la pena máxima, que sube de cinco a seis años.
Fraude laboral: se intensifica la lucha contra las empresas fantasma o los talleres clandestinos. También se amplía el periodo de prescripción del delito de cinco a diez años.
Fuente: Diario ABC
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