Los altos funcionarios del Estado son muy críticos con el plan de choque contra el absentismo de los empleados públicos y la racionalización de la incapacidad temporal que va a lanzar Hacienda. Son partidarios de que se realicen ajustes, pero esta medida, que afectará a 1,5 millones de trabajadores, les parece particularmente injusta. Creen que les discrimina frente a los empleados laborales de la Administración y frente a la empresa privada.
Hacienda ha avanzado que introducirá "cambios en la plenitud retributiva de los primeros 90 días de incapacidad temporal del régimen de Muface". Lo que significa que acabará con los tres meses de salario íntegro que disfrutan los funcionarios que están de baja. Asimismo, el Gobierno deja la puerta abierta a la "imposibilidad de pago del subsidio por incapacidad temporal". De esta forma, el Ejecutivo podría recortar las ayudas que reciben los funcionarios enfermos a partir del cuarto mes de baja.
El Gobierno también plantea la "eliminación de la licencia por enfermedad a aquellos funcionarios sometidos a controles médicos con resultado de alta o incomparecencia injustificada a reconocimiento médico". Hasta ahora, es posible que si un tribunal de inspección da el alta a un trabajador, éste recurra a otro tribunal, que daría un segundo diagnóstico. Durante este tiempo, el funcionario sigue beneficiándose del régimen de Muface.
La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) expresa "la sorpresa, perplejidad y asombro" que les ha producido la noticia sobre la adopción de dicha medida. Innecesario es decir que manifestamos nuestra completa y absoluta disconformidad con su posible desarrollo y aplicación. Entre otros motivos, destacan:
1)Creen que se trata de una medida que modifica sustancialmente, a la baja, los ingresos personales y familiares de los empleados públicos afiliados al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado que, por encontrarse con necesidad de recibir asistencia sanitaria por causas ajenas a su voluntad (enfermedad o accidente) no pueden desempeñar su trabajo.
2)Les parece que es una medida discriminatoria frente a otros empleados públicos de la Administración General del Estado afiliados al Régimen General de la Seguridad Social, que perciben, durante todo el tiempo que se encuentran en situación de incapacidad temporal, no sólo el subsidio de incapacidad temporal (el 60% de la base de cotización del mes anterior a la baja desde el día 4º hasta el 20º inclusive, y el 75% desde el día 21º en adelante), sino además la diferencia entre el mencionado subsidio y la totalidad de las retribuciones que les corresponderían de estar trabajando.
3)Señalan que es, asimismo, una medida discriminatoria frente a la mayor parte de los trabajadores del sector privado, que tienen derecho, en virtud de los convenios colectivos sectoriales, a que sus respectivas empresas les abonen la diferencia de ingresos citada en el inciso precedente. Siendo las Mutualidades Profesionales las que se encargan de evitar el absentismo laboral.
4)Apuntan que esta medida olvida que las prestaciones económicas de incapacidad temporal, que se conceden únicamente cuando el trabajador se encuentra inactivo laboralmente por precisar tratamientos de asistencia sanitaria, tienen por finalidad sustituir las rentas laborales que se dejan de percibir. Les parece imprescindible reflexionar sobre la situación de precariedad del empleado público por la enfermedad que padece (por ejemplo, una intervención quirúrgica o un tumor), si adicionalmente se le detraen ingresos a él y a su familia, se provoca en él un serio desvalimiento.
5)Les resulta realmente sorprendente y desproporcionada la medida elegida para conseguir el primero de los objetivos que persigue, ahorrar gasto público. Fedeca está de acuerdo en que disminuya el absentismo de los empleados públicos y, por lo mismo, que las arcas públicas ahorren el gasto que suponen las prestaciones de incapacidad temporal. Ahora bien, señalan que ese fin no justifica la medida; pues para conseguir dicha finalidad deberían utilizarse otros medios que no dejen a los funcionarios en situación de precariedad, por considerarles presuntos defraudadores.
Además, recuerdan que sólo un funcionario permanece en situación de incapacidad temporal si el facultativo correspondiente considera que no está en condiciones de incorporarse al servicio activo y, en consecuencia, no le da el alta médica. El medio, pues, para conseguir ese objetivo, no es, en modo alguno, suprimir retribuciones económicas a los funcionarios enfermos o accidentados, sino controlar más y mejor, desde un punto de vista médico y administrativo, los procesos de incapacidad temporal.
6)Esta medida, alertan, en lugar de contribuir a aumentar la motivación de los funcionarios, como se dice en sus considerandos, puede provocar en la sociedad una aversión, cuando no antipatía, hacia el colectivo. Creen que se les está "demonizando", pues muchos ciudadanos pueden pensar que estamos utilizando prestaciones públicas de protección social para incumplir nuestras obligaciones para con el sector público, lo cual es sumamente injusto.
7)Se trata, en fin, concluyen, de una nueva medida encubierta de reducción de retribuciones a los funcionarios públicos, añadida a las que ya han tenido que soportar en años anteriores.
Fuente: Diario Expansión
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