El Ministerio de Empleo y Seguridad Social tiene previsto presentar este viernes en el Consejo de Ministros un Plan Integral de lucha contra el empleo irregular y el fraude en el ámbito laboral y de la Seguridad Social, en que prevé llevar a cabo "controles masivos" de la Inspección de Trabajo sobre los sectores que reúnan los perfiles más defraudadores. Estos controles se combinarán con otros "intensivos", que consistirán en visitas a los centros de trabajo para comprobar que los trabajadores están en situación de alta y no son perceptores de, entre otras, la prestación por desempleo o cualquiera por incapacidad.
Así lo indica un documento del Ministerio de Empleo -al que ha tenido acceso Cinco Días- que resume las acciones del plan que previsiblemente apruebe hoy el Ejecutivo y que también incluye el aumento de la plantilla de la Inspección de Trabajo, con la "incorporación inmediata" de 25 inspectores y 30 subinspectores; y, a finales de este año y principios de 2013, otros 44 que superen el proceso selectivo que se está llevando a cabo actualmente.
Este plan de lucha contra el fraude perseguirá fundamentalmente corregir la obtención irregular de las prestaciones por desempleo, principalmente en los casos en los que se constituyen empresas ficticias para lograr su cobro o los citados supuestos en los que se compatibiliza dicha prestación "con un trabajo por cuenta ajena o propia".
Asimismo, pretende aflorar los casos de empleo irregular donde los trabajadores realizan su actividad sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Y, también, combatir los fraudes de empresas que reciben bonificaciones o reducciones de cotizaciones como incentivos al empleo, sin tener derecho a ello. Igualmente perseguirá con más intensidad "la utilización de trabajadores extranjeros sin el correspondiente permiso de trabajo".
Todo ello formará parte de un "plan de choque inminente" en el que también se propiciará una mayor colaboración de la Inspección de Trabajo y otros organismos que manejan datos de los trabajadores como la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social o el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), así como las autoridades laborales de las comunidades autónomas. En concreto, se "revisarán los cruces de información" entre todos estos organismos.
En concreto, el Departamento que dirige Fátima Báñez, pretende "reforzar el control de presencia ante las oficinas de empleo" de los parados que cobran prestación; así como el hecho de que cumplen el denominado compromiso de actividad, en el que se comprometen a buscar activamente empleo mientras reciben estas ayudas.
En la puesta en marcha de este plan, Empleo anuncia que hará las modificaciones legales que resulten necesarias para garantizar la mayor eficacia de la actividad inspectora, incluyendo aumento de las sanciones penales y administrativos o reformas de los procedimientos administrativos sancionadores.
No se debe equiparar parado a fraude
Los sindicatos CC OO y UGT, que han conocido esta semana el contenido del plan criticaron ayer el contenido de este plan al considerar que "está centrado casi en exclusiva sobre los perceptores de la prestación por desempleo" y, sin embargo, "pasa por alto el fraude empresarial, exceptuando los casos de altas a la Seguridad Social". En su opinión, "no puede enmascararse la persecución de los trabajadores perceptores de prestaciones por desempleo bajo el paraguas de la lucha contra el fraude laboral que cometen los empresarios y sufren los trabajadores". En este sentido, CC OO y UGT advierten que el planteamiento del Gobierno puede llevar a la ciudadanía "el sentimiento que detrás de cada perceptor de prestaciones se esconde un posible defraudador. De hecho, los sindicatos aseguran que los datos avalan que no ocurre eso ya que los datos del Servicio Público de Empleo indican que en los dos primeros meses de este año sólo se han retirado 569 prestaciones por rechazos reiterados de ofertas de empleo, lo que supone el 0,023% del total.
Fuente: Diario Cinco Días
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