La desconcertante estructura de la administración pública del General Franco ha sobrevivido a casi 40 años de democracia en España. En cierto sentido, el complejo de granito gris de Nuevos Ministerios en el centro de Madrid, acabado durante su régimen, es un símbolo de lo poco que ha cambiado la situación: la administración pública sigue inflada, y los funcionarios públicos aún son una especie protegida.
Las medidas presentadas en el Congreso de los Diputados esta semana por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, así lo sugieren. Los 27.000 millones de euros que se obtendrán mediante recortes de gastos y subidas fiscales representan el presupuesto más duro desde la muerte de Franco.
Sin embargo, en lugar de reducir la factura estatal y eliminar estratos administrativos, el ministro recortó el gasto en investigación y desarrollo, un motor de la recuperación, un 25%. El sueldo de los funcionarios apenas se congeló.
El plan presupuestario tampoco refleja la realidad. Montoro aún tiene que poner freno a las 17 comunidades autónomas de España, que son las responsables del déficit presupuestario del año pasado. La deuda de España podría llegar al 80% del PIB este año, frente al 69% de 2011.
Es cierto que el nuevo Gobierno ha heredado unas finanzas en unas condiciones mucho peores de lo que sus predecesores hicieron creer a los mercados. Pero, pese a la dureza de las medidas de austeridad de Montoro, los inversores dudan de que Madrid pueda recortar el déficit presupuestario más de tres puntos porcentuales al 5,3% del PIB este año, como quiere Bruselas. En la subasta de bonos de ayer, el Gobierno sólo recaudó 2.600 millones de euros, lejos de su objetivo de 3.500 millones. La rentabilidad de la deuda a 10 años aumentó un 5,7%; y las acciones bancarias cayeron.
No cabe duda de que la relación entre el Estado y los bancos no hace más que aumentar las dudas de los inversores sobre la calidad de los activos de las entidades de crédito. En la opa de CaixaBank sobre Banca Cívica, los directivos de esta última confirmaron esos temores vendiendo con un descuento. CaixaBank prácticamente duplicó las provisiones frente a los préstamos hipotecarios incobrables al 62%. Si hicieran lo mismo, BBVA y Santander necesitarían 2.100 y 2.900 millones de euros de capital adicional respectivamente, según Berenberg Bank.
Si hay algo que los inversores han aprendido sobre España con la crisis, es que las apariencias engañan.
Fuente: Expansión
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