Los asesores fiscales denunciaron ayer que la Seguridad Social ha comenzado a exigir desde el pasado mes de diciembre que todos los administradores y apoderados de sociedades mercantiles tendrán que estar dados de alta dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Hasta ahora, tan solo era necesario que uno de los administradores o consejeros delegados cursara el alta. Así sucedía, por ejemplo, en el caso de una sociedad constituida por un matrimonio en gananciales, dos hermanos o un socio capitalista y otro trabajador.
Miguel Ángel Ferrer, socio director de Arrabe Asesores, denuncia que se está reclamando el pago de las cuotas a la Seguridad Social con una retroactividad de cuatro años. "Un administrador que se vea obligado a regularizar su situación con carácter retroactivo puede tener que hacer frente a un pago mínimo de 15.000 euros, entre cuotas no ingresadas y recargos por ingresos fuera de plazo", subraya.
Según sus cálculos, hay cerca de un millón de sociedades mercantiles, de las que más del 15% (140.000) estarían afectadas por esta medida, lo que puede suponer un coste adicional de 2,2 millones de euros para las pymes.
Ferrer apunta que la Seguridad Social está amparada por la legislación vigente, "pero todo hace pensar que el motivo del cambio de criterio es la necesidad urgente de recaudar el máximo dinero posible, dado el déficit del Estado".
El socio de Arrabe Asesores confirma que el problema de fondo es la indefensión del administrador, que puede encontrarse en una situación de dualidad de cotización en determinados supuestos. Así, apunta dos ejemplos en el que se produce este caso. "Un pequeño empresario dado de alta en el régimen de autónomos que está ejerciendo una actividad profesional que, por la crisis actual, se ve obligado a buscar un empleo a tiempo parcial en una empresa como asalariado o bien el caso de un socio no trabajador, con el 30% del capital de una pyme, que es administrador solidario de la sociedad y además es funcionario en la localidad donde reside", subraya.
Ferrer apunta que esta medida será un nuevo impulso para incrementar la economía sumergida. "En unos momentos tan delicados como los que estamos atravesando, este tipo de medidas por parte de las Administraciones públicas solo alientan a incrementar la economía sumergida y con ello a empobrecer más si cabe al Estado. Y por supuesto, a introducir operadores y actividades económicas que luchan en competencia desleal con otras legalmente establecidas", añade.
El único dirigente público que se atrevió a calcular el peso de la economía sumergida en España fue el exministro de Trabajo Celestino Corbacho, que lo cifró en el 20% del PIB. El investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas Ezequiel Uriel lo elevó ayer al 22% del PIB.
Fuente: Diario ABC
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