El Ejecutivo español pactó con Bruselas que el déficit público bajaría hasta el 4,4% este año y hasta el 3% en 2013. El afloramiento de un déficit oculto de 2,5 puntos a finales de 2011 provocó que Bruselas, en un gesto sin precedentes, relajara el objetivo de déficit para este año hasta el 5,3%, aunque lo mantuvo intacto para 2013. Ahora igual tiene que volver a claudicar y ampliar la senda de consolidación fiscal a España hasta 2014, como consecuencia del deterioro generalizado de las economías europeas. Una información divulgada ayer por la agencia Reuters avanzó que las previsiones de primavera que las autoridades comunitarias presentan mañana viernes confirman que España no cumplirá el objetivo de déficit este año, en el que se quedará en el 6%, ni el que viene, en el que la rebaja se limitará al 4%.
Pero la recesión no solo ha afectado a España, sino que se ha extendido con rapidez al resto de las grandes economías europeas, como Holanda o Francia, que pueden tener problemas para llegar a los objetivos de déficit al menos este año. Por ello, los técnicos de Bruselas estarían trabajando ya sobre dos escenarios: el retraso de la consecución del 3% del déficit a 2014 o a 2015, en caso de que la crisis económica se agrave aún más.
Pese al deterioro generalizado, el mayor desvío corresponde a España y las principales dudas siguen centrándose en las autonomías. Por este motivo, la actividad en el Ministerio de Hacienda es frenética a menos de una semana del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que finalmente se celebrará el día 17. En ese foro, todas las comunidades presentarán sus planes de ajuste para cumplir con el déficit marcado para este año (un 1,5% del PIB regional).
Tan solo Madrid cumplió con el objetivo de estabilidad en 2011 y ello obligará a casi todas las regiones a realizar un esfuerzo de consolidación fiscal sin precedentes. El caso más ilustrativo es el de Castilla-La Mancha, que cerró el pasado ejercicio con un déficit del 7,3% y que ha presentado medidas para corregir su gasto en casi cinco puntos del PIB. Fuentes de Hacienda aseguran que todas la regiones han tenido que hacer ajustes en sus planes, aunque recalcan que se han solicitado modificaciones sustanciales a aquellas comunidades que como Cataluña, Andalucía o Baleares, habían computado en sus presupuestos ingresos procedentes de transferencias del Estado que finalmente no se incluyeron en los Presupuestos Generales del Estado. De hecho, el Ejecutivo rechazó ayer la enmienda parcial presentada por el grupo socialista para incluir la partida de 1.250 millones correspondiente a lo fijado en los estatutos de seis autonomías (las tres antes citadas más Aragón, Castilla y León y Extremadura). Esas mismas fuentes de Hacienda confirman que las advertencias planteadas han surtido efecto y que algunas regiones ya han presentado subidas impositivas adicionales. Es el caso de Cataluña, que ha aprobado un nuevo ajuste de 1.500 millones, o de Extremadura, que a finales de abril actualizó todas las tasas autonómicas y propuso vender parte de su patrimonio.
El objetivo del Ejecutivo es que todos los planes estén avalados por Hacienda para no tener que activar el mecanismo de intervención incluido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Si alguno es rechazado se tendría que convocar con carácter de urgencia otro Consejo extraordinario, "que se celebraría en cuestión de días", en el que la comunidad en cuestión debe presentar otro ajuste con nuevas medidas. Si tampoco recibe el visto bueno de Hacienda, se procedería a aplicar los mecanismos fijados en la Ley, que van desde la retención de las entregas a cuenta hasta la intervención de sus finanzas. Algo que en cualquier caso no se produciría al menos en seis meses. Ese procedimiento sería mucho más rápido si es la comunidad autónomas la que solicita el rescate o se declara incapaz para financiarse en el exterior.
A la espera de que esto no ocurra, los expertos alertan de que los ingresos recogidos en los Presupuestos regionales están inflados y que en ningún caso recogen los efectos derivados de la recesión. Jorge Domenech, economista jefe para Economías Desarrolladas del BBVA, recalcó ayer que las cuentas no recogen las posibles desviaciones de ingresos "como consecuencia del deterioro cíclico no contemplado en los Presupuestos", lo que, a su juicio, podría agudizar aún más el desplome económico de las comunidades autónomas. De hecho, el estudio constata que todas las regiones estarán en recesión este año y nueve de ellas caerán por encima de la media nacional estimada (-1,3%).
Las cifras
20% será el tipo general del IVA en 2013. BBVA calcula que cada punto de aumento supondrá unos ingresos de 3.000 millones.
0,7% del PIB es la aportación positiva que tendrá el plan de pago a proveedores, según BBVA.
Los españoles desconfían de las cuentas de las comunidades
El 80% de los españoles considera "bastante preocupante" el endeudamiento de su comunidad y 9 de cada 10 creen que la financiación de las regiones es "poco o nada transparente". Esta es una de las conclusiones de una encuesta que publicó ayer la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).
La deuda de las Administraciones creció en 2011 un 14,3% hasta situarse en unos 735.000 millones de euros, el 68,5% del producto interior bruto (PIB), según datos oficiales -la media europea es de un 90%, pero la de España cuesta más financiarla por la desconfianza de los mercados-.
La Administración central adeuda 559.459 millones; las comunidades, sin contar lo que se debe a los proveedores, 140.083 millones; y los municipios, 35.420 millones. Y es que las deudas del Estado aumentaron en 2011 a un ritmo de unos 250 millones diarios.
La encuesta de Funcas recoge que el 29,1% considera que el Gobierno central "gestiona mejor" el dinero público que el resto de las Administraciones. El 25,5% confía más en su comunidad, el 19,5% prefiere a su ayuntamiento mientras el 13,5% desconfía de todos los órganos. De poder elegir, el 58,5% reforzaría el poder del Ejecutivo central antes que el de su región.
El estudio señala que los españoles culpan por igual del déficit público al Gobierno central que a las comunidades. Y además de apoyar la reforma constitucional de 2011 que fijó por ley y sin referéndum la "estabilidad presupuestaria", la mayoría (un 62,5%) pide que se fusionen municipios, caballo de batalla del partido UPyD, que cifra el ahorro de un plan masivo de uniones en 17.950 millones de euros anuales.
Incluida en el libro La crisis y las autonomías, la encuesta se elaboró tras 1.429 entrevistas telefónicas efectuadas en septiembre, antes de las elecciones generales que ganó Mariano Rajoy.
Fuente: Diario Cinco Días
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