José Ignacio Goirigolzarri tendrá que echar mano de su larga experiencia en BBVA y de todo el poso de conocimiento de la tradición financiera de Neguri para reconducir Bankia. Su desafío es comparable al que tuvo que asumir en su día Alfredo Sáenz en el saneamiento de Banesto, en una carrera de obstáculos que está jalonada por un riesgo inmobiliario que supone el 20% del balance de la entidad financiera, en un entorno de recesión económica que fía para largo el momento en que el negocio bancario vuelva a ser rentable en España y en que la banca pueda plantearse siquiera la recuperación de parte de las provisiones que ahora debe dotar para sanear su exposición al ladrillo.
Goirigolzarri tiene una hercúlea tarea por delante que no pasa solo por la gestión puramente bancaria, la que mejor conoce de su etapa de BBVA, sino que deberá abordar también un profundo cambio en el modelo de gestión, a menudo contaminado por años de injerencias políticas. El FMI ya puso el dedo en la llaga al apuntar a la necesidad de mejoras en la gestión y entre las primeras decisiones del nuevo presidente estará la creación de un nuevo organigrama con el que pilotar la nueva etapa de la entidad financiera y en el que podría tener un lugar destacado José Sevilla, el que fuera responsable de riesgos de BBVA y hombre de confianza de Goirigolzarri.
El relevo en la presidencia y la nacionalización conocida ayer permitirán el saneamiento necesario para que el grupo BFA-Bankia pueda afrontar las exigencias en provisiones que le impone la reforma financiera -3.400 millones de euros-, el previsible deterioro del crédito inmobiliario como consecuencia de la recesión económica, además del desfase patrimonial de 3.500 millones de euros que habría apuntado Deloitte en una auditoría aún por entregar a la CNMV. A partir de ahí, queda enderezar una cuenta de resultados que apenas arrojó un beneficio de 41 millones de euros para BFA -insuficiente para alimentar los saneamientos de los activos inmobiliarios y después de haber saneado contra patrimonio 4.000 millones de euros- y de 304 millones de euros en la filial cotizada Bankia.
El grupo en el que acaba de aterrizar Goirigolzarri encuentra en el ajuste de plantilla y oficinas quizá el elemento más avanzado, desde el punto de vista de la gestión. La fusión de las siete cajas de ahorros que dieron lugar a BFA-Bankia ha logrado avanzar terreno con el cierre de 800 oficinas y un ajuste de plantilla que equivale al 25% del esfuerzo realizado por todo el sector financiero. No en vano, los 4.500 millones de euros de ayuda concedida por el FROB en forma de preferentes se destinaron en gran medida a financiar tales ajustes, si bien ese desembolso disparó el ratio de eficiencia -indicador que mide el nivel de gastos sobre ingresos- de Bankia al cierre de 2011 al 63,7%, uno de los más elevado del sector. Por contraste, la eficiencia de Popular, tenido en este terreno como uno de los referentes del sistema, era a cierre de 2011 del 42,15%.
La gestión de la cartera industrial, una de las áreas más mimadas antaño por BBV, será otra de las bazas, aunque con importantes limitaciones, puesto que el grupo acumula minusvalías en la mayoría de sus participadas, donde destacan Mapfre, Iberdrola e IAG.
Más provisiones para el crédito al ladrillo
El nuevo presidente de Bankia se encontrará ya este mismo viernes con las novedades que prevé anunciar el Gobierno para avanzar en el saneamiento del sistema financiero español y en las que se incluye el endurecimiento de la provisión con la que dotar el crédito relacionado con el ladrillo que aún no haya presentado problemas. Es una medida preventiva que ya se recogió en la reforma financiera anunciada recientemente, en el mes de febrero, que establecía una provisión nueva del 7% para el crédito sano. Además de los saneamientos aún pendientes en el crédito ya moroso y en el subestándar -sin problemas de impago pero con grandes probabilidades de presentarlo-, Bankia, al igual que el conjunto del sector deberá dotar por el crédito sano en una cuantía que se estima puede subir desde el 7% al entorno del 30% o 35%, con un desembolso adicional que rondaría los 35.000 millones de euros para el conjunto del sistema y que sería de paso la línea roja a partir de la que distinguir a las entidades capaces de afrontarlo por sí solas y las que necesitarían ayudas. Estas serían las que inevitablemente deberían recurrir al banco malo que está diseñando el Gobierno.
En el caso del grupo BFA-Bankia, el volumen total de créditos concedidos al ladrillo asciende a 37.517 millones de euros, según datos de cierre de 2011, de los que 15.222 millones de euros son créditos relacionados con edificios terminados y otros 11.524 millones, a financiación de suelo.
El volumen de morosos relacionados con el ladrillo es de 10.564 millones, más otros 7.283 millones en subestándar, a los que habría que sumar otros 9.920 millones de créditos refinanciados, en claro peligro de impago.
Fuente: Diario Cinco Días
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