El plan de infraestructuras del Gobierno de Rousseff es la mejor oportunidad para las constructoras nacionales
La autopista Litoral Sul, en el estado brasileño de Santa Catarina.
Las empresas españolas tienen una nueva oportunidad en el suculento mercado brasileño tras el anuncio el miércoles por parte del Gobierno del país sudamericano del tercer plan en cinco años para dar a Brasil “las infraestructuras compatibles con su tamaño”, en palabras de la presidenta Dilma Rousseff. El plan prevé la construcción en régimen de concesión de 10.000 kilómetros de ferrocarriles y 7.500 kilómetros de carreteras. El total de la inversión presentada asciende a 133.000 millones de reales (53.300 millones de euros), de los que dos tercios se dedicarán a ferrocarriles y el tercio restante, a carreteras. El Gobierno de Rousseff también declaró que buscará nuevas colaboraciones entre el sector público y el privado para mejorar la infraestructura de puertos y aeropuertos.
En principio, buenas noticias para el sector de la construcción civil española, que busca salvaguardarse en el boyante mercado sudamericano de las cuitas de la crisis europea. “Vamos a estudiar a fondo el proyecto”, afirma José Manuel Velasco, de FCC. Brasil, junto con Colombia y Perú, son los nuevos objetivos de la constructora presidida por Baldomero Falcones, que hasta ahora se había centrado en el mercado centroamericano. “De los tres, Brasil es el primero. Estamos allí desde hace más de dos años”, indica Velasco.
Pero otros son más escépticos. “Brasil es un mercado muy difícil de entrar para las empresas extranjeras”, considera una fuente relacionada con el sector. “Para todo lo que sean obras públicas, las grandes constructoras brasileñas están muy protegidas por la legislación”. Además, los inversores extranjeros se tienen que enfrentar a un complicado sistema judicial que puede paralizar proyectos enteros solo con la firma de un juez de primera instancia, y un bienintencionado, pero lento, sistema de protección ambiental. “Para una empresa que venga de fuera”, sigue diciendo la fuente, "prácticamente la única forma de conseguir que te adjudiquen directamente un contrato es buscarse un socio local, y aun así es muy difícil. Es relativamente más sencillo ganar un proyecto en régimen de concesión".
Precisamente lo que diferencia al plan presentado el miércoles de los anteriores es que la mayoría de los proyectos propuestos están bajo ese régimen “más sencillo”. Los dos Planes de Aceleración del Crecimiento (PAC), el proyecto estrella del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y cuya primera edición (iniciada en 2007) catapultó a su sucesora Rousseff a la presidencia, buscaron, entre otras medidas, renovar las deterioradas infraestructuras del país sudamericano a través de inversiones por valor de 162.800 millones de reales (65.290 millones de euros). La mayor parte de esas obras se llevarían a cabo en régimen de adjudicación directa, bajo la supervisión estatal.
Pero las críticas de la oposición y de parte de la opinión pública a la lentitud de gran parte de las obras del PAC, sumado a un escándalo de corrupción en el Ministerio de Transportes en 2011, que acabó con el despido de 27 funcionarios de alto rango (con el ministro, Alfredo Nascimento, a la cabeza) han llevado al Gobierno de Rousseff a hacer énfasis en el modelo que, desde la privatización de la autopista entre São Paulo y Rio de Janeiro en 1996, ha tenido más éxito a la hora de mejorar la red brasileña de carreteras.
Es precisamente en el sector de las concesiones de carreteras donde la presencia española en Brasil es más evidente. Abertis, la mayor gestora de autopistas en España, se hizo el pasado 8 de julio con el control de OHL Brasil. Esta exfilial de la constructora española OHL se hizo en 2008 con la gestión por 25 años de 2.078 de los 4.764 kilómetros de carreteras federales administradas por la iniciativa privada, que sumó a los 1.147 kilómetros de rutas titularidad del estado de São Paulo, el más poblado del país. Abertis, que con la operación se ha colocado en una buena posición para pugnar por las próximas concesiones federales, esperará al cierre definitivo de la transacción, previsto para septiembre, para dar su opinión acerca del plan de infraestructuras.
Pero Abertis no es la única empresa española que ya está presente en el mercado brasileño. Isolux Corsán participa en la gestión de 680 kilómetros de carreteras en el estado de Bahía, mientras que Acciona Infraestructuras controla una ruta de 200 kilómetros en el estado de Río de Janeiro. Los mercados han recibido con euforia el anuncio de Rousseff. La acción de Abertis ha llegado a subir más de un 13% desde la presentación del plan, mientras que la de Acciona ha crecido un 9,1% y la de FCC, un 24,1%.
Pero la parte del león del proyecto de infraestructuras es la inversión en ferrocarriles. La esperanza para las empresas españolas está en el desbloqueo de la joya de la corona del PAC: la línea de alta velocidad entre Río de Janeiro, São Paulo y Campinas. El proyecto, cuya conclusión estaba inicialmente prevista para el próximo Mundial de fútbol en 2014, nunca ha avanzado de la fase de planificación: las tres pujas convocadas hasta ahora por el Gobierno federal han quedado desiertas. Para desbloquear la situación, Brasilia decidió separar la licitación de la construcción de la infraestructura de la de la venta de los trenes, así como subastar la obra por tramos, en lugar de encargar el proyecto completo a un único concesionario. El pasado mes de junio, un representante de Talgo acompañó al Rey Juan Carlos en su visita oficial a Brasil.
Entre las inversiones ferroviarias prometidas el miércoles por el Gobierno de Rousseff destaca la construcción de dos grandes conexiones ferroviarias entre los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul (donde la producción de soja a escala industrial ha florecido en la última década) y la costa.
El Gobierno de Dilma Rousseff también prometió el miércoles anunciar nuevas concesiones para puertos y aeropuertos antes del 15 de septiembre “como mucho”. Según el diario OGlobo, la segunda subasta, tras la de febrero de este año, incluirá los aeropuertos internacionales de Belo Horizonte y Río de Janeiro. Este último es especialmente importante por el doble papel de la excapital del país como sede de la final del Mundial de fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016.
“Queremos unirnos a los concesionarios para obtener lo mejor que puede ofrecer la iniciativa privada en eficiencia”, dijo Rousseff, “con lo mejor que el Estado puede y debe ofrecer en planificación y gestión de recursos”.O Globo también afirma que para la próxima ronda el Gobierno quiere tener reglas más rígidas que atraigan a más inversores internacionales con experiencia en gestión.
En la subasta de los aeropuertos de São Paulo, Campinas y Brasilia, celebrada hace seis meses, tanto Ferrovial como el consorcio formado por OHL y Aena presentaron ofertas, que acabaron derrotadas.
Fuente: Diario El País
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