El Ministerio de Fomento ha empezado a acostumbrarse a algo que no había sucedido hasta ahora, salvo en contadas ocasiones. Las constructoras han perdido el miedo a acudir a los tribunales para demandar a este ministerio por los impagos que acumula desde que en 2010 decretara el primer ajuste de la inversión. Para muchas compañías, que un juez avale que deben cobrar la deuda pendiente es ya la única opción de salvar su actividad y su empleo.
Las relaciones entre los funcionarios del Ministerio de Fomento y los contratistas de obra nunca han sido fáciles. En tiempos de bonanza y burbuja inversora, las peleas entre ambas partes se centraban en negociar las revisiones de precios de los materiales y demás suministros y los polémicos modificados del proyecto (cuando se decidía cambiar la obra y, por ello, había que establecer un nuevo coste de la misma). De todos es conocido cómo muchas grandes infraestructuras han registrado cuantiosos sobrecostes y, aunque siempre fue motivo de controversia y se han sucedido diversas reformas legislativas para poner fin a esa práctica, lo cierto es que como había dinero (y en su defecto crédito), todo se terminaba pagando.
Ahora la situación es completamente distinta. En 2010, el entonces Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero decretó el primer ajuste de la inversión y en Fomento se optó por paralizar algunas obras, aquellas que estuvieran en una situación menos avanzada. Reprogramó casi todas las restantes. Esta segunda actuación perseguía dilatar en el tiempo los pagos, puesto que si una obra estaba previsto que terminara en tres años y se decide alargar a seis, en teoría el coste para la Administración se aminora porque la anualidad a pagar es menor. "Pero eso es solo en teoría, porque al dilatarse la ejecución de los trabajos, estará sujeta a más revisiones de precios y otros sobrecostes sobrevenidos que pueden hacer que al final el ahorro sea casi nulo", explica un funcionario de Fomento.
Como paralizar los trabajos suponía que las constructoras afectadas tenían derecho a reclamar el desembolso de los lucros cesantes y Fomento no tenía recursos, hace ya tiempo que se decidió no paralizar y sí reprogramar, aunque sea con anualidades casi simbólicas (de escaso dinero), admiten fuentes oficiales.
En el pasado, cuando las compañías afectadas intentaban reclamar las indemnizaciones a las que tenían derecho, funcionarios del departamento que dirige Ana Pastor sugerían que lo hicieran, pero entonces les advertían de que se olvidaran de volver a contratar con la Administración central del Estado. Ahora, como la crisis se ha agudizado a límites insospechados, las constructoras han decidido empezar a hacer oídos sordos a esas amenazas veladas. "Antes es cierto que nos intimidaba la posibilidad de que no nos concedieran más obras, pero como ahora sabemos que no habrá nuevas licitaciones en mucho tiempo, esa posibilidad ha dejado de tener importancia", asegura el presidente de una importante constructora mediana.
Por esta razón, cada vez son más las empresas que deciden reclamar vía judicial las cantidades que les adeuda Fomento, según señalan fuentes del sector, que rehúsan dar nombres y cifras concretas. Este será, por tanto, otro de los asuntos que deba resolver el ministerio, precisamente cuando la situación de sus cuentas es más delicada, más aún tras el último ajuste presupuestario anunciado. Tal y como reveló la ministra Pastor en su primera comparecencia parlamentaria, los compromisos de gasto que había suscrito Fomento en el pasado no se correspondían con el dinero disponible. Solo en carreteras el desfase asciende a casi 800 millones más otros 900 millones de gastos no contabilizados.
Las empresas de la construcción han pasado de vivir el momento más dulce de la historia reciente a encontrarse al borde del abismo.
Han pasado de cobrar directamente del banco las certificaciones de obra que les emitía la Administración correspondiente (Estado, autonómica o local), porque la garantía pública era incuestionable, a no recibir siquiera la factura de dicha certificación de fin de obra porque así no corre el reloj del plazo de pago.
"Se trata de mecanismos bastante perversos que están utilizando todas las Administraciones con el único objetivo de retrasar el momento en que deben pagar un proyecto", aseguran en una constructora. Esto provoca, por ejemplo, que la recepción definitiva de algunas obras se retrase hasta un año cuando, sin embargo, los coches ya han empezado a circular y en otros tiempos los plazos eran de apenas dos meses, subrayan fuentes del sector. Son medidas que claro que suponen ahorros considerables, pero no pagar no es reducir el gasto, "son más bien trampas que si en otra época eran consentidas por todos porque el crédito fluía, ahora hacen la crisis aún más difícil", aclara un analista experto en construcción.
Fuentes de Fomento consultadas por CincoDías admiten que se está tratando de solucionar la situación "extremadamente complicada" heredada del anterior Ejecutivo. Recuerdan que en lo que resta de ejercicio se van a tratar de abonar 600 millones procedentes de expropiaciones no pagadas (algunas datan de hace siete años), 250 millones de obras ejecutadas en 2011 para la que no había dotación presupuestaria y otros 250 millones de obras ya puestas en servicio. La esperanza es ahora que el capital privado retorne a la inversión en infraestructuras.
Fuente: Diario Cinco Días
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