En el corto plazo la falta de crédito seguirá siendo un problema para las familias y las empresas españolas. Banqueros y expertos advierten que las exigencias sobre provisiones y capital dificultarán aún más la concesión de préstamos.
El Gobierno asegura que el objetivo principal de la reforma financiera que ha puesto en marcha desde su llegada al poder es que se reactive el crédito bancario a la economía productiva y a las familias. Sin embargo, muchas de las medidas que se están tomando, tanto en el ámbito nacional como europeo, contribuirán en el corto plazo a que la banca cierre aún más el grifo, según coinciden muchos banqueros y expertos del sector.
Los encuentros de verano que organiza la Universidad Menéndez Pelayo en Santander han sido la ocasión que varios banqueros han aprovechado para lanzar el grito de alarma. Es el caso de Roberto Higuera, de Banco Popular, o del presidente de Sabadell, Josep Oliu. También se ha pronunciado en este sentido el director general de la patronal de cajas CECA, José María Méndez, quien ha afirmado que el calendario de las provisiones que los bancos tendrán que realizar para cumplir con los Reales Decretos de febrero y mayo provocará una nueva restricción del crédito a la economía.
Sin embargo, también los profesionales que prefieren no tomar posición en público sí lo hacen en privado. “No tiene absolutamente lógica pensar que si nos piden cada vez más provisiones podamos reactivar el crédito”, resume una fuente de un gran banco cotizado.
Según los últimos datos oficiales publicados por el Banco de España, el crédito a familias y empresas españolas está cayendo a un ritmo anual del 4%. El propio regulador ha reconocido en sus últimas publicaciones que, en el corto plazo, no se divisa una inversión de tendencia, debido a que la economía española tiene que seguir con su desapalancamiento.
Firme no a un De Guindos tres
El primer Real Decreto impulsado por el ministro de Economía, Luis de Guindos, obliga a los bancos a elevar el nivel de cobertura sobre los activos problemáticos relacionados con el sector inmobiliario, tanto los créditos como los activos adjudicados. El Gobierno ha calculado en 54.000 millones las provisiones adicionales necesarias que tiene que realizar el sector.
El primer Real Decreto impulsado por el ministro de Economía, Luis de Guindos, obliga a los bancos a elevar el nivel de cobertura sobre los activos problemáticos relacionados con el sector inmobiliario, tanto los créditos como los activos adjudicados. El Gobierno ha calculado en 54.000 millones las provisiones adicionales necesarias que tiene que realizar el sector.
Con el Real Decreto de mayo, se ha buscado incrementar el colchón sobre los créditos sanos del ladrillo, ante las malas perspectivas del sector inmobiliario, que no da señales de poderse recuperar en el corto plazo. Esta tanda de nuevas provisiones supone para la banca un esfuerzo extra de 30.000 millones. Los bancos tienen de plazo hasta el próximo diciembre para cumplir con las nuevas exigencias, aunque el plazo puede alargarse un año más para las entidades que estén inmersas en un proceso de fusión.
El temor de la banca es que el Gobierno y el Banco de España decidan dar otra vuelta de tuerca a las provisiones, exigiendo un incremento de la cobertura de las carteras sanas no relacionadas con el ladrillo, especialmente los créditos a pequeñas y medianas empresas y las hipotecas. Ha habido alertas por parte de analistas, organismos internacionales como el FMI y agencias como Moody’s de que estos créditos pueden transformarse en el próximo foco de problemas para la banca española, debido a la complicada situación económica por la que atraviesa el país y el elevado desempleo.
No obstante, el ministro De Guindos ha afirmado en sus últimas comparecencias en el Congreso que no está previsto un nuevo Real Decreto para incrementar las exigencias de provisiones de forma indiscriminada a todo el sector. En cambio, sí que es posible que haya peticiones individualizadas a alguna entidad, especialmente después de que se conozcan los resultados de las auditorías que están realizando Deloitte, KPMG, Erste&Young y PWC.
Fuente: Diario Expansión
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