Al mal tiempo, buena cara. Eso es lo que decidió hacer el viernes el Gobierno en la rueda posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Entendiendo por mal tiempo la nueva jornada negra que se vivió en todas las Bolsas europeas y el enésimo ataque a la prima de riesgo de la deuda española. Otra vez el bono por encima del 7% y, sin embargo, tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (que compareció en un acto institucional), como su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, fueron los encargados de pedir, ante todo, mucha calma.
"Hay que tratar de mantener esa serenidad y saber lo que tenemos que hacer", señaló la vicepresidenta, tras recordar que el último Consejo Europeo marcó una senda a corto, medio y largo plazo que se debe cumplir "en su tiempo y a tiempo" para garantizar la estabilidad de la eurozona.
Rajoy no hizo más que insistir en la misma idea de que el Gobierno de España va a seguir haciendo todo lo que sea necesario para cumplir con el compromiso de alcanzar la estabilidad presupuestaria.
Ese "todo lo que sea necesario" obligó también al Gobierno a poner buena cara ante el aluvión de preguntas que se sucedieron en la rueda de prensa sobre cuáles van a ser esas medidas esenciales para crecer y conseguir crear empleo.
Casi en una decena de ocasiones, los periodistas intentaron sin éxito que la vicepresidenta y ministra portavoz revelara alguna de las medidas que se ha publicado que baraja adoptar el Ejecutivo. Ni confirmó ni desmintió que vaya a eliminarse la paga extra de Navidad a los funcionarios, que se esté pensando en una profunda reforma de la prestación por desempleo o que esté ya decidida una inminente subida del IVA, entre otras medidas.
Fomento del empleo
Preguntada por los tiempos del Gobierno para aprobar dichas reformas y ajustes, Sáenz de Santamaría recordó que lo prioritario será presentar el techo de gasto que servirá de base para el presupuesto de 2013, y que permitirá conocer también el límite de gasto al que tendrán que someterse las comunidades autónomas por primera vez. Para ello, apuntó que se celebrará un Consejo de Política Fiscal y Financiera con las regiones el jueves 12.
Un día antes está previsto que comparezca en el Congreso de los Diputados Mariano Rajoy, donde podría adelantar parte de las reformas que serán aprobadas, casi con toda seguridad, en el Consejo de Ministros del día 13.
De hecho, es muy posible que antes de anunciarlas en el Parlamento, el titular de Economía, Luis de Guindos las comunique en el Eurogrupo y el Ecofin que se celebran el lunes 9 y martes 10, respectivamente.
Por otra parte, lo que sí aprobó el Consejo de Ministros el viernes fue el plan para que las comunidades autónomas reciban este año 1.318 millones de euros para fomentar el empleo, especialmente entre los jóvenes.
Estos fondos están incluidos en el Plan Anual de Empleo, que, según el Gobierno, "permite una mayor flexibilidad en la ejecución de las medidas de políticas activas por parte de las comunidades autónomas".
"Se mejora, así, la eficiencia en la utilización de los recursos públicos, aspecto que resulta esencial en el actual escenario de ajuste del gasto público y que constituye una herramienta de evaluación de las políticas activas", destaca la referencia donde se contienen los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros. Reducir la tasa de desempleo juvenil, mejorar la empleabilidad del resto de afectados por el paro y apoyar a los emprendedores son objetivos principales de esta iniciativa.
Además, se busca incentivar la colaboración público-privada, con el fin de realzar los mecanismos de búsqueda de empleo por los parados, desarrollar medidas para colectivos específicos, con especial atención a las personas con discapacidad, y luchar contra el fraude.
Ahorro de 17,5 millones en alquileres
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, presentó los primeros datos del plan puesto en marcha a principios de año por el Ejecutivo para ahorrar a través de una mejor gestión de los alquileres de los inmuebles que ocupa. El parque de edificios arrendados por el Estado se eleva a 1.380, que representan un coste anual de 217 millones de euros, tal y como consta en los Presupuestos Generales del Estado.
En seis meses se ha logrado un ahorro de 17,5 millones mediante la liquidación de 61 contratos, por un importe de 15 millones, y el resto, 2,5 millones, por la renegociación a la baja en el precio de otros alquileres.
Fuente: Diario Cinco Días
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