Al cierre de 2011, el panorama era desolador. La última EPA del año dejó 5.273.600 personas sin trabajo y una tasa de paro del22,85%, casi el triple que al inicio de la crisis. El PIB llegó a 1.046.327 euros, un 0,1% más que el año anterior, pero todavía por debajo del alcanzado en 2009, cuando una brutal recesión marcó un dato negativo del 3,8%. Además, la deuda pública, que en 2007 suponía la envidia de Europa con un 36% del PIB, había escalado al 70%.
Parecía imposible ir a peor. Y pasó. Tras dos años de Gobierno, Rajoy tenía 5.896.300 parados (26,03%), una deuda del 94% del PIB y una contracción del 1,2%. Y sin embargo, algo ha cambiado. El Ejecutivo está ahora eufórico porque cree que lo peor ha pasado. Que hay síntomas de recuperación, que los indicadores han pasado a positivo y que se acercan tiempos mejores. Pero, ¿es así?
El PIB crece. Modestamente, pero lo hace, y las previsiones de Moncloa, Comisión Europea y la OCDE oscilan entre una mejora del 1 y del 1,5% este año. El déficit, igualmente, parece controlado, o al menos no desbocado. Y la prima de riesgo, que puso al país al borde de una intervención total, ha caído por debajo de los 150 puntos. Sin embargo, España tiene un problema enorme, uno que sólo comparte Grecia entre los países desarrollados: el paro. La tasa española es anormal, impensable. Y por desgracia, las previsiones de los organismos internacionales no son en absoluto tan optimistas.
Moncloa espera cerrar la legislatura con 100.000 parados menos que al inicio. Según sus previsiones, terminaremos 2014 con una tasa de paro del 24,9 y 2015 con un 23,3%. Pero no se bajará del 20% hasta 2017. Una década después de empezar la crisis, todavía un 20% de paro. De hecho, servicios de estudios como el del BBVA prevén que no se volverá a niveles como los de 2007 hasta 2025.
CEOE:«Es imprescindible evitar incrementos de los costes laborales»
España ha reformado el mercado laboral. Los expertos coinciden (aunque no de forma unánime) en que la reforma laboral era necesaria, pero no suficiente. El balance de sus dos primeros años es cuanto menos ambiguo. Las empresas ahora pueden despedir más fácilmente y hay una flexibilidad considerable. Pero eso no crea empleo. Y ésa es la gran asignatura pendiente. Según Funcas, España podría reducir el paro en 900.000 personas en los dos próximos años. El problema es que de esa cantidad, apenas 400.000 serían por nuevos empleos, mientras que medio millón lo formarían los que han dejado el país, han dejado de buscar trabajo o se dedican a otras cosas.
¿Qué hay que hacer para revertir la situación lo antes posible? Los empresarios lo tienen claro: bajar las cotizaciones y, en general, la presión fiscal. Aumentar la inversión en sectores estratégicos. Más seguridad jurídica y mejorar la formación.
José María Lacasa, secretario general de la CEOE, explica que la reforma laboral de 2012 y «los posteriores ajustes normativos han supuesto un paso sustancial en el proceso de modernización de nuestra legislación para aproximarnos a la flexibilidad de los países de nuestro entorno», y que los «cambios fundamentales en materia de contratación, despido y negociación colectiva, junto con otras medidas como la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, han contribuido a atemperar la grave situación del empleo en nuestro país».
La patronal aplaude otras medidas aprobadas en los últimos años, como la reducción en la contratación indefinida de las cotizaciones empresariales por contingencias comunes «o el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva suscrito con Cepyme, CCOO y UGT en 2012, avanzando en la senda de la moderación salarial y en la flexibilización de las relaciones laborales».
Pero frente a lo expuesto, matizan, «los aumentos de los costes laborales que vienen sufriendo las empresas tienen un impacto muy negativo en la competitividad y, por tanto, en la creación de empleo». Reconocen que «el cambio de tendencia en el mercado laboral parece consolidarse», pero avisan de que falta mucho por hacer y reclaman cambios inmediatos. «Los costes empresariales presentan un progresivo incremento como consecuencia de la subida de un 5% de las bases máximas de cotización y por otra parte de la inclusión de nuevos conceptos en las bases de cotización».
Por ello, la patronal presidida por Juan Rosell incide que sigue siendo fundamental evitar incrementos de los costes laborales, «manteniendo la aspiración empresarial de que se reduzcan las cotizaciones, con el fin de prevenir pérdidas de empleo o retrasos en la recuperación del mismo».
Alfonso Merry del Val, presidente de Anged, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, reconoce también que «la reforma laboral ha permitido, aunque con ciertos matices, incorporar elementos de flexibilidad interna y una mayor adecuación de los salarios a la productividad y evolución de la empresa y los mercados». Sin embargo, coincide en que «las diferentes e importantes subidas que se han producido en las cotizaciones sociales o en la presión fiscal de empresas y familias operan muy negativamente en la actividad económica, el consumo y, por tanto, en el empleo».
Y por ello estima que «en la medida en que el Estado rebaje las cargas sobre ciudadanos y empresas, éstos dispondrán de más recursos para reactivar el consumo y la inversión». Además, Angedcomparte con la comisión Lagares «la imperiosa necesidad de ordenar de forma razonable y objetiva nuestro sistema fiscal». «Consideramos muy positivas las propuestas hechas por la comisión para simplificar el marco normativo de las CCAA y revisar todos aquellos tributos que no cumplen su objetivo principal o suponen un riesgo para la unidad de mercado», aseguran.
CEPYME: «Para estimilar la actividad hay que bajar impuestos y cotizaciones»
En la misma línea se pronunciaAndrés Barceló, director general de Unesid, la patronal del acero. Para él, «la principal mejora de la reforma laboral ha sido la introducción de la flexibilidad en la negociación, y no sólo en los salarios», y el nuevo marco disponible «ha facilitado alcanzar acuerdos que de otra forma hubiera sido difícil conseguir». Las empresas del acero están «convencidas del efecto multiplicador y estabilizador del empleo en la industria», pero creen que «eso requiere que vuelva la inversión. Y para ello se precisa acceso al crédito y un marco regulatorio estable, sin sobresaltos ni inventos de fin de semana».
En un país en el que el 70% del empleo lo crean las pequeñas y medianas empresas, la voz de Cepyme, su patronal, es clave. Jesús Terciado, el presidente, explica a MERCADOS que «la reforma del mercado de trabajo ha supuesto un paso sustancial en el proceso de modernización de la legislación, dotándola de mayor flexibilidad y permitiendo a las empresas adaptarse a la crisis sin necesidad de recurrir al despido como única salida». Para Cepyme esto «está permitiendo también que ahora, cuando las circunstancias económicas empiezan a ser más favorables, nuestra economía pueda crear empleo con tasas de crecimiento inferiores a las del pasado».
Pero no basta. «Ante todo, es esencial continuar con el programa de reformas pendientes para sentar unas bases de crecimiento sólido. Además, es preciso que la recuperación llegue por fin a la financiación y que el crédito fluya a las pymes y a los autónomos, que representan más del 99% del tejido empresarial y son la auténtica base para la generación de empleo», añade Terciado. En concreto, las pymes quieren menos presión fiscal. «Estimular la economía y la actividad empresarial bajando los impuestos y las cotizaciones sociales, situándolas en valores similares a los de los países de nuestro entorno».
Carlos Reinoso, director general Aspapel (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón), explica que «los incentivos fiscales y bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social pueden ser útiles en ciertos sectores, pero en ningún caso van a determinar nuevas contrataciones en industrias como la papelera. Tampoco las medidas de flexibilidad adoptadas en la reforma laboral, ni los cambios de tipos de contratos. Sólo habrá más contrataciones cuando se articulen medidas de apoyo a la industria que permitan reducir los costes, invertir en innovación y mejorar en productividad».
Por su parte, Jesús Sainz, secretario general del Círculo de Empresarios, coincide plenamente, pero tiene propuestas más concretas. Recuerda que las cotizaciones sociales «suponen para las empresas españolas un 31,1% frente al 20,9% de Alemania, al 13,8% de Reino Unido o un 23,8% en Portugal», y deben ser reducidas. Pero no únicamente limitándose «a la tarifa plana recientemente aprobada, sino que debería suponer un cambio estructural de nuestra economía».
El Círculo, que recientemente ha protagonizado una agria polémica por las desafortunadas declaraciones de su presidenta sobre el valor de los trabajadores, insiste en que «es urgente reformar las políticas activas de empleo que en España han demostrado ser ineficientes e insuficientes. Éstas deberían impulsar la formación y reciclaje de los parados, para lo cual es necesario una mayor colaboración público-privada y permitir que sean las empresas las que directamente ofrezcan esta formación, ya sea a través de formación dual o del servicio público de empleo».
Y por otro lado, condicionando «de forma efectiva la prestación a la búsqueda de empleo», para lo cual el servicio público debería mejorar su eficiencia, no sólo en el control sino también en canalizar las ofertas de trabajo y la formación a los parados». Además, proponen «establecer un Salario Mínimo Interprofesional para jóvenes con escasa cualificación, combinándolo con la formación dual, como ya se hace en Reino Unido y Holanda».
ANGED: «La reforma fiscal es una pieza fundamental para activar la economía»
Precisamente esta semana, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo han criticado a Moncloa por no haber puesto en marcha todavía algunas reformas pendientes, como por ejemplo la de la modernización de los servicios públicos de empleo y un cambio efectivo en las políticas activas, una de las reivindicaciones constantes de la OCDE. En concreto, las autoridades europeas no confían en la célebre tarifa plana de 100 euros de cotización para los nuevos contratos indefinidos, una de las propuestas estrellas del departamento que dirige Fátima Báñez, pues creen que podría servir para convertir algunos contratos temporales en fijos, «pero su potencial para estimular una creación adicional de empleo es más incierto». Además, alertan, «podría no ser totalmente neutra presupuestariamente».
Los inspectores comunitarios, en su informe de vigilancia, reflejan que «reabsorber el elevado número de parados exige aplicar plenamente, vigilar de cerca y, cuando sea necesario, reforzar la agenda de reformas estructurales», y pese a ello, recuerdan, «la modernización de los servicios de empleo público continúa retrasándose».
Con información de Víctor Martínez, Ana Bravo y César Urrutia.
Eléctricas y coches, ejemplos particulares
La crisis no ha tenido el mismo impacto en todos los sectores. En el sector eléctrico, por ejemplo, las cinco compañías de Unesa, la patronal, emplean de forma directa a más de 37.000 trabajadorescifras que se han mantenido desde el inicio de la crisis. Eduardo Montes, su presidente, explica que las medidas de flexibilidad propiciadas por la reforma laboral «no han tenido especial incidencia en el sector -aunque se consideran igualmente positivas-. Pero insiste en que para que las firmas del sector «sean motores de crecimiento y empleo hace falta un marco normativo estable. Las compañías se ven gravadas de forma excesiva; asimismo, la retribución que reciben actividades como la distribución eléctrica se ha visto fuertemente recortada tras la aprobación de la reciente reforma eléctrica. Esta situación no fomenta la inversión ni, por lo tanto, la creación de puestos. Por otro lado, Unesa considera que «una liberalización completa del sector eléctrico también sería positiva para las actividades que llevan a cabo las empresas, consecuencias directas en el empleo».
Otro caso relevante es el del automóvil, uno de los sectores que mejor ha sabido capear la situación, con flexibilidad interna, negociaciones y cesiones. Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de Anfac, sostiene que «la reforma laboral ha dotado de una mayor seguridad jurídica y ha primado la negociación de empresa para aquellos sectores donde su aplicación era beneficiosa, como es el caso del automóvil, donde empresarios y sindicatos ya tenían una larga trayectoria negociadora que les ha permitido atraer nuevas inversiones productivas». La cohesión social y la flexibilidad laboral «nos han ayudado, pero necesitamos, una contratación más flexible (contrato temporal de mayor duración), incentivos a la contratación indefinida, reducción de las cotizaciones sociales y reformas en la formación. Nuestras empresas realizan fuertes inversiones en formación continua a empleados (60 millones anuales)». Y zanja:«Necesitamos una plena desintermediación y protagonismo de la empresa en la organización, gestión de los fondos e impartición de los cursos, con mayores retornos a las inversiones».
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