El PSOE quiere que la Constitución española recoja, como la alemana, los principios básicos del futuro modelo de financiación autonómica para evitar que su regulación fundamental esté sometida a continuas tensiones, y estudia la posibilidad de consagrar en la Carta Magna el llamado «principio de ordinalidad», mediante el cuál se establecería por primera vez un límite determinante a la solidaridad interterritorial.
Es uno de los aspectos clave de la propuesta de reforma 'federalizante' en la que trabaja el partido, pero no el único y tampoco el más sencillo de consensuar. Los propios socialistas se encuentran divididos al respecto, como ya se puso de manifiesto durante el la última reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (Lofca), pero la idea tiene sólidos defensores.
El principio de ordinalidad garantizaría que la aplicación de los mecanismos de compensación financiera entre los distintos territorios no altera su posición inicial en renta per cápita. Es decir, que si una comunidad autónoma ocupa el segundo puesto del ranking y está por encima de la media antes de aportar a la 'bolsa común', no pasa, por ejemplo, al décimo y queda por debajo de la media.
Se trata de una vieja reivindicación de Cataluña, que ya incluyó esta limitación en su 'Estatut', pero también otras comunidades como Madrid, la valenciana o Baleares ven con buenos ojos. Sin embargo, ni a Andalucía ni a Extremadura ni a Castilla-La Mancha les gusta la idea y los socialistas de estas cuatro regiones no son una excepción.
Los partidarios de este principio resaltan que es común en las culturas federalistas y ponen en valor la capacidad de esta propuesta de abrir un espacio para el entendimiento con el PSC, en primera instancia, y con el resto de los partidos catalanes, en último término. Porque, como remarcó Alfredo Pérez Rubalcaba el sábado ante el Comité Federal, están convencidos de que si el debate se centra en el derecho a decidir, «no habrá salida».
Adecuado y justo
Lo cierto es que el principio de ordinalidad ya es compatible con la norma fundamental española. El PP recurrió ante el Tribunal Constitucional el artículo del Estatuto de Cataluña en el que aparecía consignado por considerar que quebraba el sistema de solidaridad y que «congelaría» la dinámica de transferencia de rentas. Pero el tribunal subrayó que la Constitución establece que el Estado debe garantizar un equilibrio económico «adecuado y justo» entre las diversas partes del territorio español y concluyó que esa «adecuación y justicia (...) no puede redundar para las más ricas en mayor perjuicio que el inherente a toda contribución solidaria para con las menos prósperas».
Hacer del principio de ordinalidad un principio constitucional inamovible es, en todo caso, harina de otro costal. El PSOE andaluz, que dirige José Antonio Griñán, ha dejado clara su intención de pilotar el debate territorial del PSOE y fuentes de su entorno admiten que la ordinalidad «no suena bien». La discusión está garantizada.
A eso hay que añadir que los socialistas no trabajan con un único documento base sino con varios: la federación andaluza presentó el suyo la semana pasada, la valenciana tienen otro, y el PSC también. Todos serán cruzados con el planteamiento más amplio -porque no sólo contempla la reforma territorial sino cambios constitucionales serios en otros muchos ámbitos- que desde hace meses, por orden de Rubalcaba, prepara Ramón Jáuregui con centenares de expertos.
Fuente: Diario HOY
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