Rajoy subrayó recientemente que "no ha habido un Gobierno que haya hecho tantas reformas en tan poco tiempo". Razón no le falta. Sin embargo, como señaló hace unos días el presidente del BCE, Mario Draghi, aunque los progresos de España son alentadores, nuestro país aún tiene por delante un duro camino que recorrer para subsanar sus desequilibrios y recobrar la confianza de los mercados.
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España ha acometido en el último año un notable esfuerzo transformador, abordando la más amplia reforma laboral hasta la fecha, encarrilando el saneamiento y reconversión del sistema financiero, diagnosticando los problemas del sector público y apretándose con fuerza el cinturón del gasto para, junto con las subidas impositivas, intentar cuadrar las maltrechas cuentas públicas y cumplir así la senda de consolidación fiscal fijada por Bruselas. Sin duda, se ha hecho mucho, pero aún queda mucho por hacer. Éstas son las grandes asignaturas pendientes del Gobierno para el próximo ejercicio:
El drama laboral. La reforma del mercado de trabajo ha abaratado el coste del despido y ha acabado con muchas de las rigideces del sistema, abriendo válvulas de escape para que los ajustes de las empresas no se canalicen exclusivamente por la vía de los despidos, sino también vía salarios. Sin embargo, ha nacido en un contexto de fuerte recesión, lo que le ha restado eficacia. Las cifras son elocuentes: el paro rozaba los 5,8 millones de desempleados al cierre de septiembre según la EPA (el 25% de la población en edad de trabajar) y todo apunta a que seguirá creciendo durante los próximos meses, hasta superar con holgura los 6 millones de personas: la OCDE sitúa la tasa de desempleo en España en el 26,9% en 2013.
Un auténtico drama social que los cambios en el marco laboral no han conseguido paliar. Y es que, según los expertos, la reforma sienta las bases para aprovechar el tirón de la reactivación cuando éste llegue, pero no crea empleo por sí sola: necesita que la economía funcione. Una reforma en la que, no obstante, se echan todavía en falta mayores dosis de flexibilidad, desvinculando definitivamente salarios e inflación, en aras del binomio sueldo/productividad; menores barreras a la contratación indefinida o una mayor decisión a la hora de propiciar una nueva cultura negociadora en el ámbito interno de la empresa.
Otro de los deberes pendientes es el anunciado y largamente postergadoPlan de Emprendedores, destinado a espolear la actividad de autónomos y pymes, y que el Gobierno promete desarrollar durante el primer trimestre del año que viene.
Sostenibilidad de las pensiones. El abrupto descenso de las cotizaciones sociales, fruto de la destrucción masiva de empleo, ha puesto más de relieve que nunca la necesidad de buscar fórmulas para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo, toda vez que la crisis está obligando al Ejecutivo a recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la llamada 'hucha de las pensiones') para poder afrontar el pago de los sueldos de los jubilados. El Gobierno de Rajoy considera desvincular la actualización de las pensiones del IPC (de hecho, en 2012 no ha compensado la desviación de la inflación), frenar las jubilaciones anticipadas y acercar la edad real de jubilación a la edad legal. Pero Bruselas le exige más.
La Comisión Europea ha advertido al Gobierno de que el sistema español de pensiones no será sostenible sin retrasar la edad de jubilación para adaptarla a la esperanza de vida. Esto implicaría acelerar la implantación de la jubilación a los 67 años e incluso retrasar aún más esa edad. En otras palabras, quiere que los trabajadores contribuyan durante más tiempo al sistema y pospongan el cobro de la jubilación. Todo ello, con el temor a un eventual recorte de las pensiones como insistente telón de fondo.
Racionalización del sector público. Es uno de los grandes desafíos pendientes. El Gobierno ha recortado el sueldo de los empleados públicos, suprimido temporalmente algunas de sus pagas extras, congelado la tasa de reposición de funcionarios o diseñado medidas para reducir su absentismo y espolear su productividad, pero lo cierto es que la mastodóntica y onerosa estructura pública necesita mucho más que parches coyunturales.
Precisa una reforma estructural y a largo plazo que deshaga, de verdad, la maraña de entidades y empresas públicas que proliferaron como setas durante los años de bonanza al amparo, sobre todo, de unos ayuntamientos y autonomías demasiado propensos al despilfarro; que ponga orden en un modelo territorial plagado de duplicidades, que ha disparado los costes del aparato burocrático hasta niveles insostenibles, y que acabe con la grave distorsión que padece el mercado interno, donde la abundancia y heterogeneidad de normativas e impuestos traba la actividad empresarial (la ofensiva fiscal de CiU y ERC en Cataluña, el euro por receta, o la imposición de tasas a los depósitos bancarios en varias CCAA son buenos ejemplos de ello).
El Ejecutivo prevé signicativas reducciones del gasto en las CCAA en el capítulo de personal y por la reducción de subvenciones y transferencias, así como la supresión de estructuras redundantes en las administraciones locales... Pero la experiencia demuestra que es mucho más fácil decirlo que hacerlo.
Culminar la reconversión financiera. Con años de retraso respecto a nuestros homólogos europeos y tras recurrir a la asistencia financiera de la UE, España ha conseguido encauzar la reestructuración del sistema bancario, con la nacionalización de varias entidades, la recapitalización obligada del resto y la creación de un banco malo que liberará los balances de la banca de activos inmobiliarios tóxicos.
Pero que el proceso esté encarrilado no significa que esté resuelto ni que el crédito, esencial para regar la semilla de la recuperación, vaya a fluir de nuevo de la noche a la mañana. El sector aún debe digerir un proceso de reordenación que obligará a desapalancarse a las entidades que hayan recibido el respaldo público y en un contexto económico que no incentivará la asunción de riesgos por parte de la banca sana.
Reforma energética. Despejar de una vez por todas la neblina regulatoria que envuelve al sector energético, estratégico para la competitividad de la economía, es otra de las tareas prioritarias del Ejecutivo. Tras una primera batería de medidas anunciadas en octubre (aunque aprobadas ahora), que se resumen en la imposición de nuevas tasas y que han dejado insatisfecho prácticamente a todo el mundo, desde las eléctricas tradicionales, pasando por las renovables, hasta llegar a la industria y al sector manufacturero, el titular de Industria, José Manuel Soria, ha prometido que la reforma energética estará concluida en el primer semestre del año que viene.
El ministro asegura que el déficit de tarifa eléctrico está "embridado" y "encauzado", pero lo cierto es que el desfase ha seguido creciendo en 2012, superando con creces el tope legal establecido (en unos 2.500 millones). Es fundamental que el Gobierno sea capaz de normalizar el marco regulatorio de un sector que necesita visibilidad y estabilidad para planificar sus inversiones a largo plazo, algo de lo que ha carecido en los últimos años.
Órdago soberanista de Mas. Es un elemento político pero con claras implicaciones económicas. Y es que el pacto entre CiU y ERC, que trae consigo un aluvión de impuestos nuevos a una comunidad que ya sobresale por su elevada fiscalidad, condiciona el futuro económico de Cataluña y la consecución de sus objetivos fiscales. Encauzar la huida hacia delante de Mas es uno de los grandes desafíos de Rajoy para el nuevo año, toda vez que la deriva independentista en Cataluña es observada con inquietud y recelo por parte de empresas, bancos e inversores dentro y fuera de nuestras fronteras.
¿Rescate sí o rescate no? Es la pregunta del millón desde hace meses. Rajoy ha reconocido por fin que la decisión que se ha tomado respecto a un posible rescate ha sido no pedirlo, pero dejando la puerta abierta a hacerlo en el futuro si fuera necesario y beneficioso para los intereses de los españoles. Lo cierto es que lo que parecía inevitable hace sólo unas semanas, hoy no lo es tanto.
Así lo creen, por ejemplo, el responsable del MEDE, Klaus Regling, que cree que el rescate de España no es de momento necesario, o BlackRock, la mayora gestora de fondos del mundo, que considera que gracias al plan de choque del BCE, que ha limitado el riesgo de ruptura desordenada del euro y suavizado la presión sobre las primas de riesgo, no es descabellado pensar que España pueda acabar esquivando la petición de salvamento.
Sin embargo, la respuesta definitiva a esta pregunta dependerá del avance -y el alcance- del proceso reformista emprendido; del grado de cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit público en los plazos fijados (con especial énfasis en el tortuoso e incierto papel que juegan en él las comunidades autónomas), del que dudan expertos y grandes organismos internacionales, y de que el Ejecutivo sea capaz de transmitir al mercado que es capaz de sacar a la economía española del hoyo en que se encuentra y situarla de nuevo en la rampa de despegue del crecimiento.
Porque de todo ello dependerá, a su vez, que el Estado -y, por extensión, el conjunto de la economía española- pueda financiarse (el Tesoro necesita captar 230.000 millones en 2013, una cifra récord), hacerlo a precios asumibles y eludir así la necesidad de solicitar asistencia a Europa. Puede que el cóctel de desafíos que el Gobierno de Rajoy afronta en 2013 no constituyan una misión imposible, pero desde luego sí una muy complicada
Fuente: Diario EXPANSIÓN
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