A 30 de julio de 2014, a Argentina se le ha agotado el tiempo. Una bomba de relojería que lleva en cuenta atrás desde que Argentina entró en estado de «default» hace más de una década. El día antes de Navidad, en 2001, el país declaró el mayor cese de pagos de la historia moderna. Un corralito, una economía dañada y años después el impago de deuda sigue lastrando al país. Ahora bajo el mando de Cristina Fernández de Kirchner, a el país se le ha agotado el tiempo para pagar a los holdouts que no aceptaron la quita de deuda, por orden expresa de la justicia estadounidense, y se han visto obligados a entrar en «default».
Un «default» supone, en esencia, una suspensión de pagos. Una entidad no dispone de liquidez suficiente para hacer frente al pago de la deuda que ha contraído con sus acreedores. En este caso la entidad es un país y sus acreedores son los conocidos como fondos buitres.
Kirchner se encontraba entre la espada...y la espada. Como explica Federico Etchelecu, experto financiero de la banca española, existía un riesgo para el país tanto si pagaba como si no. En un lado estaba el temor a que los acreedores que aceptaron las quitas de deuda de 2005 y 2010 -un 93% de ellos- se acogiesen a la cláusula RUFO (Right Upon Future Offers) y reclamasen que a ellos también les paguen el precio total de la deuda que habían adquirido.
Pero a otro lado, y presionando contra el borde del acantillado estaba la justicia estadounidense personificada en la figura del juez Thomas Griesa. Como los detalles de la compra de la deuda se diseñaron bajo jurisdicción norteamericana, su pago también se rige bajo su amparo. Así, Griesa ha bloqueado cualquier intento de pago a los deudores que sí aceptaron la quita hasta que el otro 7% no consiga su pago también.
Si Argentina no consiguiese pagar su deuda a tiempo, esto le impediría poder seguir colocando sus bonos en el mercado internacional. Como señala Etchelecu, un país tiene tres vías de financiación. Siendo esta una de ellas, las únicas dos restantes son la devaluación del ya demacrado peso argentino o la emisión de nuevos billetes.
¿Y qué supondría esto para el país argentino? Según José Ramón Pin Arboledas, profesor del IESE, un colapso total. «La turbulencia financiera pondría el dólar paralelo por las nubes. Los argentinos seguirían guardando sus ahorros fuera del país y nadie fiará a su Estado», afirma.
Pero si nos paramos a mirar la situación de los mercados, no parece que se hayan enterado del estado delicado en el que se encuentra el país en estos momentos. El peso solo se ha devaluado ligeramente y la Bolsa argentino incluso cerró en números positivos la pasada jornada.
Etchelecu no veía que todas las puertas estuviesen cerradas para Kirchner. El temor a la activación de la cláusula RUFO está sujeta a que se demuestra la intencionalidad en el pago a los otros acreedores. Es decir, si Argentina es capaz de demostrar ante una Corte que el desembolso del dinero a los fondos buitres se puede achacar únicamente a la presión judicial, los que aceptaron la quita de deuda no dispondrían de ninguna baza con la que reclamar.
No obstante, el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, ha anunciado que el país no ha sido capaz de evitar la suspensión de pago. Aún no está nada claro, pero todo apunta a que, al entrar en «default», el Banco Central Argentino emitiría moneda sin ningún respaldo, la inflación se dispararía, se devaluaría el peso argentino, no se podría importar nada y habría disturbios sociales. «¿A quién le interesa todo eso?» reflexiona el profesor del IESE. Para él, hay intenciones claramente políticas detrás.
Sea cual sea el desenlace de los dos escenarios, Argentina no podrá respirar aliviada hasta enero de 2015, cuando prescriban los derechos de los acreedores a reclamar la cláusula RUFO.
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