Fue uno de los sectores que abanderó el vertiginoso crecimiento de la economía española. El expresidente de
Sacyr, Luis del Rivero, se erigió probablemente como símbolo —si no representante de la vocación de todas las compañías, sí de su práctica omnipotencia— de esta
era dorada para un sector que se sentía capaz de tomar las riendas de entidades financieras y grupos energéticos. Suya es la frase, pronunciada en una entrevista para un diario económico, más ilustrativa de aquella «belle époque» de la década pasada:
«El dinero no es problema para comprar lo que queramos. Cualquier operación que nos planteamos carece de límite financiero».
Como legado de aquellos años de ambiciosas inversiones, las empresas constructoras
amasan una deuda, en su conjunto, de 35.545 millones de euros, el equivalente a un 3,5% del PIB español. El mayor pasivo se encuentra en manos de Acciona (con 6.715 millones), a la que siguen Sacyr (6.642), OHL (6.625,5), FCC (5.975,5), Ferrovial (5.352) y ACS (4.235).
Bajo la presión de esta elevada deuda, la mayor parte de las compañías han optado por la única vía posible en tiempos de contracción de la inversión en obra pública y la escasez de vías de financiación: realizar desinversiones y centrarse en el eje de negocio que vertebra la compañía, el denominado en inglés «core business».
«Este proceso sigue diferentes ritmos para cada caso. En algunas ocasiones los procesos de refinanciación han sido el catalizador de desinversiones no deseadas. En otros, estas se han producido con mayor reflexión», apunta Fernando Vizoso, sénior manager de infraestructuras de KPMG en España, quien hace hincapié en que «el elevado endeudamiento tras el crecimiento agresivo» y un aumento de los costes de capital ha obligado a estas empresas a «plegar velas» y exigir mayor rentabilidad en sus inversiones.
FCC, desinversiones obligadas
La empresa presidida por Esther Alcocer Koplowitz cerró a comienzos de este mes la refinanciación de 4.512 millones de deuda en dos tramos (3.162 millones de euros en un préstamo mercantil a cuatro años y otros 1.350 millones con posibilidad de que, a su vencimiento, se convierta en capital). Esta
reestructuración de la deuda ha espoleado un profundo proceso de venta de activos no estratégicos por importe de 2.200 millones de euros. Un ámbito en el que figuran desde sus plantas energéticas hasta la inmobiliaria Realia y la concesionaria Globalvía (participadas en ambos casos también por Bankia), que se podrían cerrar en los próximos meses. Pero hay que retroceder unos años para encontrar la operación que mejor ejemplifica este proceso: en 2011 FCC se desprendió por 400 millones del que era su activo más emblemático, la torre Picasso.
Acciona, ACS y Sacyr, salida del negocio energético
Uno de los comunes denominadores de las incursiones de los grupos de construcción en otros sectores era su apuesta por el negocio energético. En este sentido, Sacyr y ACS accedieron a dos de las mayores compañías: Repsol e Iberdrola, respectivamente. El grupo ahora presidido por Manuel Manrique tuvo que cerrar, a finales de 2011, «in extremis» la refinanciación de los 2.400 millones que le prestó la banca para hacerse con el 20% de la petrolera. Hoy, su participación se reduce a la mitad, algo menos de un 10%. De momento, no se ha planteado oficialmente su salida, como sí ha sucedido con otros activos como sus filiales Valoriza Agua, Itínere y Vallehermoso, sobre los que cuelga el cartel de «se vende».
Por su parte, la salida de ACS de Iberdrola, donde llegó a contar con más de un 15% del capital, le generó unas minusvalías de más de 1.000 millones de euros en 2012. Tras ganar en 2013 más de 700 millones de euros, esto parece agua pasada. Como legado de aquellas inversiones la compañía presidida por Florentino Pérez ha manifestado su interés por desprenderse de las plantas termosolares, desaladoras y parques eólicos. Acciona, mientras tanto, puso en venta en 2013 hasta un 50% de su división energética, aunque las dificultades a las que se enfrenta el sector en España, afectado por diversas modificaciones regulatorias,
lastran una operación que no termina de formalizarse.
OHL, la excepción que confirma la regla
Vizoso recalca que no todas las desinversiones resultan comparables, ya que, en algunos casos, obedecen a las «rotaciones naturales» que conlleva el negocio de las infraestructuras. Es decir, los grandes grupos mantienen en sus carteras estos activos durante varios años hasta que consideran amortizada la inversión y deciden sacarlos de nuevo al mercado. Algo similar a lo que ha sucedido con las autopistas brasileñas que OHL cedió a Abertis en 2012. En virtud de este acuerdo, el grupo presidido por Juan-Miguel Villar Mir se hizo con un 10% del grupo de infraestructuras.
La incógnita ahora es si,
a la vista de la recuperación del mercado y confiando en una futura recuperación de las condiciones de financiación, las constructoras volverán a tropezar en la misma piedra. «No volveremos a ver este tipo de procesos. Como ha sucedido en otros sectores, la lección se ha aprendido y estas empresas han abandonado ese razonamiento más de holding financiero que de grupo constructor», explica Vizoso. Las últimas inversiones de estas compañías, más focalizadas en su negocio principal, ofrecen una mayor rentabilidad, frente a las operaciones de años anteriores, donde estos criterios resultaban (como el tiempo ha demostrado) notablemente más laxos.
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