martes, 1 de mayo de 2012

El Gobierno no actuará contra Bolivia tras la expropiación de la filial de Red Eléctrica


Red Eléctrica muestra su sorpresa por el anuncio de Evo Morales y asegura que exigirá una compensación adecuada.
El Gobierno ha pretendido dar una imagen de firmeza y contundencia en defensa de los intereses españoles tras la decisión del Gobierno argentino de nacionalizar la petrolera YPF, hasta hace dos semanas controlada por Repsol. Pero parece que Moncloa prefiere esperar y ver, y dar una respuesta más calmada al anuncio de que Bolivia ha decidido expropiar la filial en el país de Red Eléctrica Española (REE)
El Gobierno ya se ha puesto en contacto con las autoridades bolivianas por la decisión de expropiar las acciones de REE en su filial boliviana y cree, por las "primeras impresiones", que se trata de un caso "muy diferente" a lo sucedido con YPF.
Así lo han explicado fuentes de Moncloa, que han comentado que los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Industria, Energía y Turismo están analizando la información sobre este anuncio hecho por el presidente de Bolivia, Evo Morales. El Ejecutivo de La Paz ha ordenado también a las Fuerzas Armadas custodiar las instalaciones de esta firma y ha justificado la expropiación al considerar insuficiente la inversión de la empresa española de 81 millones de dólares en 16 años.
Fuentes de Moncloa han explicado a EXPANSIÓN que la situación está “tranquila”, una vez que Exteriores e Industria han recabado información a sus homólogos en Bolivia sobre aspectos técnico-jurídicos y diplomáticos. Con todo, después de esta petición de información, hay una “buena impresión que permite estar tranquilos”, aseguran las mismas fuentes. En este contexto, “no habrá necesidad” de realizar actuaciones como en el caso YPF, ya que la situación “no es tan grave”. Los aspectos técnicos de información que se han recabado hacen referencia a los “pormenores” de las empresas que se encuentran allí, para conocer el “plano” en el que se mueven. La petición de información se ha realizado por los cauces habituales.
Diferente a la crisis de YPF
La semana pasada, el Gobierno español planteó ante Bruselas una triple demanda de apoyo contra las autoridades argentinas. La primera sería presentar el caso en la Organización Mundial del Comercio (OMC); la segunda sería suprimir, antes del plazo previsto, finales de 2013, las ventajas arancelarias a las exportaciones argentinas hacia Unión Europeo; y la última, no concluir el acuerdo comercial que Europa negocia con Mercosur.
Las citadas fuentes de Moncloa han informado de que el Gobierno sigue la "evolución" de este acontecimiento y entiende que, a tenor de las primeras informaciones, este caso es "muy diferente" a la expropiación por parte del Gobierno de Argentina del 51% de YPF, la filial en este país de Repsol. Además, han subrayado el compromiso "firme" del Ejecutivo de Mariano Rajoy con la defensa de los intereses de las empresas españolas en el extranjero.
El presidente de Bolivia ha anunciado esta decisión durante el acto del Día del Trabajo en el Palacio de Gobierno de La Paz. "Hoy día nuevamente, como justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos, nacionalizamos la Transportadora de Electricidad (TDE)", ha afirmado Morales.
La eléctrica española compró el 99,94% de las acciones de la TDE en 2002, mientras que el 0,06% restante está en manos de los trabajadores de la firma boliviana. La TDE es propietaria y operadora del Sistema Interconectado Nacional boliviano de electricidad, que atiende al 85% del mercado nacional y posee el 73% de las líneas de transmisiones de este país.
REE exigirá una compensación
Red Eléctrica lamenta la decisión del Gobierno de Bolivia de la expropiación de la empresa Transportadora de Electricidad, cuyas intenciones desconocía hasta la fecha, y aseguró que pedirá una compensación adecuada. Red Eléctrica espera alcanzar un acuerdo con el Gobierno boliviano para una compensación adecuada por esta expropiación que se traduzca en un justiprecio que exigen todos los accionistas de esta empresa, con un 20 % de capital público y una mayoría de inversores de otro países, indicaron hoy a EFE fuentes de la compañía.
Según el grupo español, acciones de este tipo "van en contra de las reglas de juego de libre mercado y la seguridad jurídica que debe presidir las inversiones internacionales". La cifra de negocio de TDE representa el 1,5 % de la total del grupo, que el pasado año aumentó un 17,2 %, hasta situarse en 1.637 millones de euros, por lo alcanza unos 24,5 millones.


Fuente: Expansión
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