Golpe a la economía sumergida. En un nuevo intento por calmar a los mercados, el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, confirmó ayer que el pago en efectivo cuando haya un profesional o un empresario interviniendo en la transacción se limitará a 2.500 euros y que el incumplimiento de la norma conllevará sanciones de hasta el 25% del importe de la factura. Esto significa, por ejemplo, que un particular que tenga que abonar una reparación en un taller mecánico por 3.000 euros deberá pagarlo a través de medios electrónicos (tarjeta de crédito o débito o transferencia bancaria) o que si un profesional de la construcción (fontanero, electricista o albañil) realiza una obra a una empresa o a un particular por un importe de 4.000 euros no podrá cobrarla en efectivo.
El presidente hizo este anuncio ayer durante la sesión de control al Ejecutivo tras una pregunta del portavoz de IU, Cayo Lara, respecto a la amnistía fiscal. El problema es que el plan de lucha contra el fraude no está ultimado y se encuentra en fase de borrador, por lo que aún faltan detalles por cerrar. De hecho es una de las medidas más importantes que se van a debatir hoy en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, en la que participan los principales ministerios del área económica (Hacienda, Fomento, Empleo, Industria y Economía) y que preside el propio Rajoy. Queda, por ejemplo, por definir si las operaciones de pago en grandes superficies, consideradas como ventas minoristas, estarán sujetas a esa limitación y la horquilla que establecerá el régimen sancionador, ya que no todas las multas comportarán el pago del 25% de la factura.
Con esta medida, incluida dentro del plan de lucha contra el fraude fiscal, que se presentará mañana viernes en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo pretende que las operaciones comerciales dejen siempre un rastro que dificulte la utilización de dinero negro. Además, en el caso de las empresas, limitar el pago en efectivo supone un obstáculo a la utilización de facturas falsas. Este fraude consiste en que una empresa que tributa en el IRPF por el sistema de módulos emite una factura por un servicio que no ha prestado para que otra compañía pueda desgravarse un IVA que, en realidad, nunca ha pagado. Tanto el PSOE como Izquierda Unida propusieron durante la última campaña electoral medidas en el mismo sentido y otros países de nuestro entorno como Francia o Italia, lo tienen establecido en 3.000 y 1.000 euros, respectivamente.
Tanto inspectores como fiscalistas acogieron con satisfacción la limitación al pago en efectivo, aunque pusieron diversas objeciones sobre su eficacia y sobre la idoneidad del tope marcado. El más crítico fue el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, quién denunció que el límite sea similar al que aplica Francia, "cuando el volumen de nuestra economía sumergida duplica al francés, mientras que por el contrario países con una tasa de fraude similar a la nuestra, como Italia, han optado por fijar el tope en 1.000 euros". Mollinedo además criticó el hecho de que las sanciones se limiten hasta el 25% del importe. "Generar facturas falsas para acometer este tipo de fraudes implica ahorrarse tanto el pago del impuesto de sociedades (que grava hasta un 30% del importe) como el IVA (del 4% al 18% en función del tipo aplicable), lo que supone un importe muy superior al del 25% que deberían afrontar como máximo en caso de ser pescados por Hacienda", recalcó. De hecho calculó que si el límite se fijara en 1.000 euros aflorarían hasta 27.000 millones de euros en dinero negro. Desde el Ejecutivo replicaron que la sanción solo es administrativa y que el pago de la misma no implica que se exonere a la sociedad de ponerse al día con Hacienda.
El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, José María Lluis, apuntó que es una medida que va en la buena dirección, pero que no será la panacea. "Creo que el límite debería ser más bajo y que esta medida debe ir acompañada de otras, como la restricción del régimen de módulos para evitar que se convierta en un cúmulo de facturas falsas y un agravamiento de las penas por delitos fiscales para que tengan un verdadero carácter disuasorio", detalló. Lluis espera que el plan se tramite como proyecto de ley para que se puedan introducir mejoras durante la tramitación parlamentaria y consideró que sería muy importante que, en paralelo a las medidas coercitivas, se estableciera el derecho para los usuarios de poder pagar electrónicamente en todos los establecimientos.
Este último punto suscita, sin embargo, posiciones encontradas entre los expertos. Luisa López, directora del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), apuntó que se limitará la emisión de facturas falsas, aunque eso puede tener efectos colaterales no deseados en la pérdida de derechos de los ciudadanos. "En primer lugar se limita el uso de medios de pago legales, ya que el dinero en efectivo lo es, y en segundo lugar, lo que se pretende, que es la trazabilidad del dinero, puede suponer un atentado contra la intimidad de las personas", remarcó. En su opinión, esa limitación no aflorará dinero negro, pero hará más difícil su uso y su generación. "El impacto directo en la recaudación fiscal es previsiblemente nulo, pero indirectamente, si se eliminan prácticas fraudulentas, puede ser muy elevado", concluyó.
Fuente: Diario Cinco Días
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