La ambiciosa reforma financiera aprobada por el Gobierno el viernes y publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado especifica que «el proyecto de integración de entidades de crédito incluirá un objetivo cuantificado deincremento de crédito a las familias y pequeñas y medianas empresas durante los tres ejercicios siguientes a la integración».
Este dato, aunque pueda parecer menor frente al largo elenco de exigencias impuestas por el Ejecutivo al sector bancario, es crucial. Uno de los objetivos del Gobierno para acometer esta reforma es, precisamente, sanear el sector mediante provisiones extraordinarias por importe de 50.000 millones de euros de tal modo que el crédito vuelva a fluir a las familias y a las pymes y se sienten así las bases de la recuperación económica.
El sector ya ha advertido que en muchos casos no es un problema de falta de voluntad de conceder préstamos, sino de ausencia de demanda, argumento que contrasta con los reproches que proceden de las principales asociaciones de pequeñas y medianas empresas.
Este hecho, la restricción del crédito a familias y empresas, no es solamente una cuestión que preocupe en España. El Banco Central Europeo publicó hace unos días un informe en el que destacaba precisamente que la contracción de la actividad crediticia había aumentado en el cuarto trimestre de 2011 en relación a los tres meses anteriores.
Así, según el sondeo trimestral que hace el BCE entre 124 entidades europeas, el 35% de ellas reconocieron haber restringido el crédito a las empresas no financieras, frente al 16% del anterior trimestre.
Además, el Banco Central Europeo fue más allá al asegurar que esta situación se había producido pese a la montaña de préstamos, por importe de casi 500.000 millones de euros, que había concedido en diciembre a los bancos europeos a tres años y a un interés casi testimonial del 1%, precisamente para que fluyeran los préstamos a empresas y familias. Cabe recordar que el BCE tiene previsto realizar una medida extraordinaria similar a finales de este mes, aunque aún se desconoce el montante del dinero que se inyectará al sistema.
Además, la ley de saneamiento del sector financiero especifica que el año de prórroga para hacer las provisiones extraordinarias, concedido por el Gobierno a las entidades que se fusionen, solo se aplicará cuando las operaciones de integración aumenten el balance de la mayor en al menos un 20%, salvo en casos excepciones en los que bastaría con que lo hiciera solo en un 10%.
La nueva regulación establece también que las entidades que decidan fusionarse tendrán que tener la aprobación de sus respectivas juntas de accionistas o asambleas generales, antes del 30 de septiembre de este año.
Asimismo, se estipula que los proyectos de integración deberán incluir un plan de desinversión de activos relacionados con riesgos inmobiliarios durante los tres ejercicios siguientes a la fusión.
Reunión con analistas
En este contexto el Banco de España, cuyo gobernador ha quedado al margen del diseño de la nueva arquitectura bancaria del país, celebró ayer una reunión para analistas y bancos de inversión en la que los técnicos de la entidad explicaron los detalles de la reforma.
Fuente: Diario ABC
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